Los mineros chocan con la policía, que comenzó a obstruir en Perú – Hoy cr

Mineros ilegales en Perú. Red

Lima, 10 de julio (Latin Press) mineros informales y artesanales excluidos de la actividad del gobierno que protesta en las calles de esta capital hoy, mientras que la policía despejó uno de los bloqueos de carreteras del gremio sin violencia.

Los mineros llegaron a Lima hace dos semanas para reclamar una ley que extendió su situación preliminar acusada de ser formalizado, un parque cercano se retiró ayer, después del rechazo del Parlamento a su mando y actuó hoy por la capital.

La movilización trató de llegar a la calle del Parlamento, que impidió a numerosos oficiales de policía al lanzar gases lacrimógenos y el coordinador de la Confederación Nacional de Minería y Minería Artisanal, Ismael Palomino, dijo que los elementos infiltrados causaron a la policía.

Palomino también dijo que en Lima continuarán exigiendo que se le permita trabajar por 50 mil de ellos excluidos por una decisión del gobierno que dejó los 31 mil para completar los procedimientos de formalización que ya han comenzado.

La Comisión Permanente del Congreso rechazó un proyecto de ley que dio un nuevo mandato ayer, de modo que los artesanos y los mineros informales se legalizan y el procedimiento cambia.

Los líderes del movimiento señalan que la formalización exige que los mineros con un contrato con grandes empresas acepten trabajar en países sin obstrucciones, que las empresas no aceptan o exigen que pagan porcentajes excesivos.

Mientras tanto, la policía ha logrado desbloquear en la ciudad sureña de Nasca, de la región de la ICA, una de las siete caminos cerrados por los mineros como una forma de presión para reclamar.

El mismo día, los artesanos de Cotabambas de Southern -Aandes -Province bloquearon un camino de acceso a la compañía minera transnacional MMG Las Bambas.

El primer ministro Eduardo Arana declaró el lunes que no admitiría las afirmaciones y argumentó que no la minería formal socavó el ecosistema, a tiempo para advertir que el gobierno no toleraría posibles delitos en las protestas.