Aumento del fraude electrónico y cibercrimen: Bankenkammer, Sugef, OIJ y el Ministerio Público emiten un comunicado conjunto.

La Comisión Interinstitucional ha sido instaurada en Costa Rica para hacer frente a las crecientes amenazadas de fraude electrónico y a la seguridad cibernética. Recientemente, esta comisión emitió un comunicado informando sobre el alarmante aumento en la incidencia de estos delitos en el país, lo que ha llevado a la comunidad financiera y a las instituciones correspondientes a intensificar sus esfuerzos para combatir este fenómeno que amenaza la integridad del sistema financiero.

En el comunicado, también se resaltan diversas acciones que cada una de las instituciones involucradas en la comisión ha iniciado para abordar este asunto crítico. La directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, Anabelle Ortega, manifestó: «La creciente amenaza de fraude electrónico y de seguridad cibernética requiere una demanda conjunta de coordinación. Por ello, estamos creando un frente común dentro de nuestro sistema financiero». Estas palabras subrayan la seriedad del problema y la necesidad de una respuesta unificada.

La cámara bancaria es la que coordina la actividad de esta comisión, la cual está conformada por las siguientes entidades:

  • El Banco Central de Costa Rica (BCCR)
  • La supervisión general de las compañías financieras
  • El Ministerio Público
  • La Autoridad de Examen Judicial (OIJ)

Medidas Adoptadas por las Instituciones

La Cámara de los Bancos e Instituciones Financieras ha presentado un informe que detalla las diversas medidas que buscan fortalecer la comunicación con los clientes, especialmente en cuanto a los créditos y el monitoreo de la actividad en sus cuentas. Este acercamiento incluye la implementación de sistemas que permitan a las instituciones notificar a los clientes acerca de actividades sospechosas o inusuales que puedan indicar fraude.

Además de esto, se ha instado a las instituciones a adoptar mecanismos alternativos de autenticación para clientes, como es el caso de Gaudi (firmas digitales). También se han propuesto campañas educativas permanentes que conciencien a los usuarios sobre los riesgos asociados y las mejores prácticas para proteger la información personal y financiera.

Por su parte, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha afirmado que seguirá trabajando en el desarrollo y fortalecimiento de la plataforma Gaudi, de manera que más empresas tengan la oportunidad de implementarla y ofrecer a sus clientes un método de autenticación estandarizado y seguro.

En un avance significativo, se han anunciado mejoras en la protección de las Cuentas de Ahorro Simplificadas (CES), lo que, según lo reportado por hace unos días, es el resultado de una reforma regulatoria. Gracias a estas nuevas disposiciones, las personas ahora solo pueden mantener una CES por cada tipo de moneda (colones y dólares), con un límite máximo de 1,000,000 de colones o su equivalente en dólares por cuenta.

La Autoridad de Examen Judicial (OIJ) ha tomado la iniciativa de destinar a un analista penal especializado en fraude cibernético dentro del ámbito bancario. Este experto se encargará de recopilar información de todo el territorio nacional y generar informes periódicos que permitan monitorear y entender mejor la evolución de este fenómeno delictivo en el país.

El OIJ también ha señalado que desde 2024 se estableció una sección dedicada especialmente al combate del fraude informático, lo que resalta el compromiso de las autoridades por abordar esta problemática de forma contundente. El Ministerio Público, en colaboración con el OIJ, ha mejorado la eficiencia de su trabajo en la identificación y tratamiento de casos relacionados con este tipo de delitos.

Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (DAI) se encuentra comprometida a estudiar los casos de delitos organizados relacionados con el fraude cibernético. Esta colaboración contribuirá a profundizar la investigación de las estructuras criminales que operan en el ámbito del fraude electrónico, haciendo hincapié en la protección de las cuentas bancarias y la seguridad financiera de los ciudadanos.