La Corte Suprema de las elecciones ha reafirmado su rol en el seguimiento y análisis del entorno político, especialmente en lo que se refiere a los conflictos relacionados con las campañas electorales. Recientemente, la atención se ha centrado en la ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y las controversias que han surgido a su alrededor. Este tema cobró relevancia tras la emisión de dos resoluciones el 27 de marzo de 2025, donde la sección especializada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) abordó dos quejas relacionadas con la actual guerra política. Estas quejas fueron presentadas por un grupo de ciudadanos integrado por Óscar Aguilar Bulgarelli, Óscar Castillo Rojas, Erick Sova Sova, Marco Castillo Rojas y Rocío Varela. Asimismo, Antonio Ortega, un diputado del partido Frente Amplio, también presentó una queja, contribuyendo al creciente contexto de confrontación política.
Ambas quejas tienen su origen en una conferencia de prensa realizada el 30 de enero de 2025, donde se difundieron varias noticias, destacando la renuncia de Laura Fernández. Este evento, que generó una gran discusión mediática y entre los ciudadanos, fue criticado por algunos, considerando que el uso de ciertos símbolos y expresiones pueden estar vinculados a prácticas políticas cuestionables. En particular, el Diputado Ortega ha alegado que en esa conferencia se utilizó un símbolo, en específico, un PIN que corresponde al emblema del Jaguar. Este distintivo es visto por muchos como un símbolo representativo de una facción política registrada, lo que ha llevado a señalar que se pueda estar haciendo uso indebido de recursos institucionales para fines partidistas.
Las quejas presentadas no son meras formalidades; buscan que se lleve a cabo una investigación preliminar exhaustiva sobre los hechos que se anunciaron. Es importante mencionar que la inspección electoral a cargo del TSE se asienta en la premisa de garantizar un proceso electoral limpio y transparente. Esta función no solo consiste en investigar denuncias, sino también en poder imponer sanciones y desarrollar procedimientos que aseguren la integridad del proceso electoral en su totalidad.
Sin embargo, la inspección electoral no actúa como un tribunal en sí; su función es más bien investigativa y de supervisión. La autoridad final en estos casos recae en los jueces electorales que pertenecen a la división especializada, quienes son responsables de emitir dictámenes tras un análisis exhaustivo de los recursos interpuestos. Este aspecto legal subraya la importancia del debido proceso, así como la necesidad de que las resoluciones se tomen dentro del marco establecido por las regulaciones electorales.
Además, la Corte ha decidido abrir tres investigaciones adicionales en torno a actividades de guerra política, pero en esta ocasión, enfocándose en el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Este movimiento ha aumentado las tensiones en un ambiente ya de por sí cargado políticamente, y ha suscitado un amplio debate sobre la ética y la legalidad de las interacciones entre la política y la esfera pública.
