El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, realizó un anuncio significativo el miércoles pasado, en el que se detalla su decisión de ejercer un veto a un proyecto de ley que permite a los agentes de la agencia del poder judicial (OIJ) acceder a una jubilación a los 55 años. Este tema ha generado polémica y ha sido objeto de debate en el ámbito político del país.
La propuesta fue inicialmente presentada en la temporada anterior por el legislador Dragos Donolescu y actualmente está siendo impulsada por la diputada de la facción libertaria, Alejandra Larios. A pesar de que el proyecto aún no ha pasado la etapa final de aprobación, que está programada para el segundo debate el 8 de abril, los comentarios de Chaves han generado un aire de incertidumbre y preocupación entre los legisladores y el personal del OIJ.
Reaccionando a las declaraciones del presidente, Larios no ocultó su decepción y enfatizó que aunque están en espera de la decisión final de Chaves, es evidente que hay una intención subyacente de obstaculizar el proyecto. «Es preocupante que la administración se oponga a medidas que son esenciales para la seguridad pública, especialmente cuando se trata de fortalecer a quienes luchan contra el crimen», expresó Larios.
La diputada Verdiblanca, quien también se factura en el debate, recordó que el presidente ha manifestado en el pasado su intención de vetar ciertos proyectos, pero que en ocasiones no ha cumplido esa promesa. «Habrá que ver si en esta oportunidad realmente se atreve a ejercer su poder de veto, considerando que este proyecto ya ha sido discutido y que su importancia es innegable», comentó.
Chaves justificó en conferencia de prensa que parte de su decisión de vetar está relacionada con la necesidad de proteger el quórum público, señalando que el proyecto no potencializa las pensiones anticipadas, lo que, a su juicio, podría crear desequilibrios financieros. «La situación de nuestros cuerpos de seguridad es cada vez más crítica; hay una carga considerable que ellos asumen y no podemos permitir que decisiones legislativas lo agraven aún más», agregó.
Siga más: Chaves se opone al veto que permitiría a los agentes OIJ retirarse a los 55 años.
La iniciativa busca fortalecer la pensión de los agentes.
Desafíos en el camino
La diputada Larios continuó expresando su frustración por la postura del presidente, argumentando que tratar de poner este tema sobre la mesa no implica que se esté en contra de otras fuerzas policiales. «El apoyo a esta iniciativa es necesario para fortalecer la labor del OIJ y no debe interpretarse de otra manera», dijo.
Por su parte, Nogui Acosta, Ministro de Finanzas, contribuyó al debate advirtiendo que el Comité de Pensiones Judiciales enfrenta un déficit significativo de ¢804,000 millones, lo que podría poner en riesgo las finanzas públicas. «Decisiones como esta solo agravan la situación, creando un ahorro que no cuenta con un respaldo adecuado para todos», lamentó el jefe del Tesoro.
El proyecto de ley está diseñado para permitir a los agentes del OIJ acceder a una jubilación equivalente al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, ajustados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a lo largo del tiempo. Además, se incluyen proyecciones específicas sobre cómo se manejará la jubilación anticipada en función de los años trabajados.
El contenido del proyecto detalla explícitamente: «Si la jubilación se presenta cuando el servidor cumple con el requisito de edad o años de servicio, pero no alcanza los treinta años, la jubilación no se ajustará proporcionalmente a los años restantes, siempre y cuando se haya servido por el tiempo requerido en sus funciones».
Así, el cálculo del monto de pensión se basará en la cantidad total especificada en el artículo anterior, multiplicándose por los años laborados y dividiéndose entre treinta, resultando en la cifra que se retirará. Este enfoque busca colorar los beneficios de jubilación de manera que se reconozca el compromiso de los agentes en su labor cotidiana.
