Ciudad de México, 5 de abril (Latin Prensa) — En respuesta a las declaraciones emitidas por los miembros del comité de la ONU encargado de la lucha contra la desaparición forzada, el gobierno de México ha decidido expresar su firme rechazo a las acusaciones sobre la supuesta existencia de prácticas que configuran un crimen estatal. En este sentido, las autoridades han afirmado que el gobierno no ha otorgado ningún tipo de permiso ni ha facilitado situaciones que conduzcan a estas desapariciones forzadas.
«El gobierno mexicano se distancia completamente de cualquier insinuación que sugiera que permite la desaparición de personas como estrategia de política estatal», manifestaron los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores e Interior a través de un documento informativo que fue difundido públicamente. Este pronunciamiento busca dejar claro el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y la atención a las raíces que alimentan la violencia y las desapariciones.
Las autoridades subrayaron su dedicación a trabajar incansablemente en la defensa de los derechos humanos, destacando la voluntad de combatir esta crisis que afecta a innumerables familias en México. En línea con este compromiso, se han anunciado diversas acciones y estrategias poderosas para abordar esta problemática de manera efectiva.
Asimismo, el gobierno mexicano reafirmó su cooperación continua con el Comité contra la Desaparición Forzada en su calidad de parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La colaboración con este organismo internacional es fundamental para intercambiar información y establecer un diálogo constructivo sobre las condiciones de derechos humanos en México.
En la reciente sesión 28 del CED, se indicó que se enviará una solicitud formal al Estado mexicano sobre la situación relacionada con las desapariciones en el país. Esta acción se fundamenta en el Artículo 34 de la Convención y se enmarca dentro de un procedimiento de intercambio que se ha mantenido desde 2014. Una vez que se reciba esta solicitud, el gobierno mexicano se compromete a analizar y compartir sus respuestas sobre las medidas y programas implementados para combatir las desapariciones.
Además, el texto subraya que México seguirá atendiendo las exigencias de información planteadas por el comité, mediante acciones urgentes y la elaboración de informes periódicos que contengan datos verídicos sobre el contexto actual de los derechos humanos en el país. Todo lo que se ha discutido se ha presentado formalmente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de México a través de una nota diplomática, además de ser notificado al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
En el mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum también anunció varias iniciativas destinadas a fortalecer la respuesta gubernamental ante la crisis de personas desaparecidas. Estas reformas fueron enviadas al Congreso y buscan mejorar la capacidad del Estado para lidiar con esta devastadora problemática. «Es un delito grave que debe ser enfrentado con seriedad, y se deben aplicar las sanciones correspondientes para quienes están involucrados», enfatizó, subrayando que todos los niveles de autoridad —estatal, municipal, federal y judicial— deben asumir su responsabilidad en este complejo panorama.
