Recientemente, ha surgido una situación particularmente delicada en la política costarricense, donde el video de seguridad de un restaurante se ha convertido en el centro de una controversia que involucra al presidente Rodrigo Chaves y al empresario Christian Bulgarelli. Esta grabación se toma en cuenta dentro de un marco judicial que ha generado advertencias y podría complicar aún más el asunto.
Los eventos que dieron pie a este conflicto tuvieron lugar el viernes 21 de marzo, y aunque el audio y las circunstancias ya se han cruzado en las informaciones desde el lunes, se destaca que fue tres días después del mencionado día, cuando el Ministro de Justicia solicitó al Instituto de Investigación de Justicia (OIJ) la obligación de obtener los videos generados durante este intercambio en el restaurante donde se llevó a cabo la discusión.
En el contexto de la causa organizada bajo el número 25-000019-0033-PE, relacionada con posibles delitos de conmoción cerebral y violación de las obligaciones de los servicios públicos, se presentó un informe donde tres oficiales del OIJ realizaron una visita al restaurante en cuestión, que se menciona como parte de la investigación. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con que el propietario del establecimiento, que era inicialmente un aliado, se rehusó a entregar el material tras consultar a su abogado.
Este hecho generó tensiones adicionales que dificultaron el acceso a la evidencia pertinente. Sin embargo, es significativo resaltar que los oficiales del OIJ, tratando de avanzar en su investigación, intentaron establecer un diálogo con el abogado, planteando la posibilidad de obtener el video mediante una intervención más formal y grabada si no lograban acceder a él de manera consensuada.
Finalmente, aunque al principio no fue posible acceder al video directamente, el OIJ informó el 25 de marzo que había recibido los archivos de manera electrónica, lo que permitió que la parte especializada en crimen organizado del OIJ comenzara a investigar el contenido del mismo. Según lo que se ha encontrado en el video, se reporta que la supuesta reunión tuvo lugar entre las 12:32 y las 12:36 del 21 de marzo, momento en el cual Bulgarelli estaba en el restaurante. En ese tiempo, el presidente Chaves, acompañado del diputado Pilar Cisneros, se acercó a hablar con Bulgarelli, marcando el inicio de una serie de intercambios que, aunque grabados, quedaron sin sonido, impidiendo su comprensión total.
Entre los aspectos captados en el video, se destaca la presencia de escoltas y otros asociados de Bulgarelli, quienes intervinieron en la situación, mientras que las palabras intercambiadas no han podido ser claras. Sin embargo, el OIJ ha señalado a Chaves como «responsable de provocar ese intercambio sin justificación en el momento».
Parte del archivo principal
Los incidentes documentados en el video han sido adjuntados a la carpeta número 25-000019-0033-PE. El Ministerio Público, al respecto, ha enfatizado que se alega que Chaves y el ministro de cultura y adolescentes, Jorge Rodríguez Vives, participaron en un presunto delito relacionado con coacción. Según los cargos, el delito contiene un rango de sanción entre 2 y 8 años para un funcionario público que abuse de su poder para coaccionar a otros a brindar beneficios inapropiados.
Este caso no solo ha causado revuelo en la opinión pública, sino que también involucra a Bulgarelli como «testigo de la corona», quien menciona circunstancias de coacción y presiones por parte de funcionarios del gobierno durante reuniones en el edificio presidencial. El caso sigue desarrollándose, involucrando elementos que podrían tener un impacto significativo en el futuro político del país.
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