Bogotá, 7 de abril (Latin Press) – En un desarrollo significativo dentro del sistema judicial colombiano, la sala de casos penales de la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de confirmar parcialmente la condena impuesta al ex congresista Antonio Guerra, relacionado con sus intentos de favorecer a la multinacional Odbrecht a través de acuerdos ilegales. Este fallo se convierte en un hito relevante en la lucha contra la corrupción en el país.
En su declaración oficial, la Corte Suprema detalla que Guerra fue condenado por varios delitos graves, que incluyen el agravamiento del crimen relacionado con el concierto para delinquir, la influencia indebida en funciones públicas, así como el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el tribunal ha absuelto al ex senador de un cargo relacionado con la solicitud de soborno, lo que agrega un matiz de complejidad a este caso.
Este polémico asunto llegó a la Corte Suprema debido a la apelación presentada por la defensa de Guerra, que argumentaba en busca de la revocación de la sentencia original. Al final del proceso, la sala decidió mantener la condena en relación con los delitos mencionados, destacando el hecho de que Guerra había utilizado su influencia y posición en el Congreso para promover intereses ilegales a favor de Odbrecht. De este modo, se le impuso una pena de 11 años y cinco meses de prisión, que deberá cumplir de manera efectiva.
Desde la Corte Suprema se destacó que Guerra desempeñó un papel clave en la promoción de actividades ilegales, asegurando que Odbrecht pudiera lograr un acuerdo que incluía beneficios fiscales cuestionables. La sentencia subraya que el ex congresista se benefició de su cargo, recibiendo pagos «a cambio de su intervención en un contrato de estabilidad legal», lo que condujo a un aumento injustificado en su patrimonio personal, un punto que ha sido cuidadosamente examinado por el órgano judicial.
Es importante señalar que Antonio Guerra fue miembro del partido Cambio Radical, ocupando su escaño en el Congreso desde 2006 hasta 2018, un período en el que se enfocó en diversas cuestiones legislativas. Las implicaciones de este caso y la condena que enfrenta son un claro recordatorio de las luchas continuas en Colombia contra la corrupción política. La responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de asegurar una justicia efectiva son ahora más relevantes que nunca en el contexto colombiano.
