El pasado 8 de abril, en una declaración transmitida a través de un video en redes sociales, Verónica Abad, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Ecuador, reveló su regreso al país tras una misión diplomática en Turquía. Este viaje fue enviado por el presidente Daniel Nnovera, pero la situación se complicó y Abad expresó su inquietud respecto a su seguridad personal. Durante su mensaje, Abad compartió que no estaba segura de si volvería a tener la oportunidad de comunicarse públicamente, planteando la posibilidad de que su camino de regreso a su nación pudiera verse amenazado.
Abad manifestó de manera contundente que a pesar del miedo real que siente, su fortaleza proviene de un lugar superior, diciendo que no le teme a los posibles peligros que la acechan. Su retorno se presenta como un hecho de responsabilidad, tanto hacia sus hijos como hacia la población ecuatoriana que ha depositado su confianza en ella como una líder electa. “Regreso con dedicación y responsabilidad por mis hijos, para mi familia y para cada uno de los ecuatorianos que sueñan con un país libre; Sin odio, donde la voz de alguien es silenciada”, expresó, resaltando su deseo por un Ecuador donde los derechos de todas las personas, y especialmente de las mujeres, sean respetados.
La situación de la vicepresidenta se ha vuelto más tensa desde que el Tribunal Electoral (TCE) decidió suspender sus derechos políticos durante un período de dos años tras un controvertido caso que involucra supuestas acusaciones de violencia política de género hacia la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela. Como parte de la decisión, se le impuso una multa de $14,100 y se le ordenó ofrecer disculpas públicas en un diario nacional, lo que ha generado un amplio debate sobre los derechos políticos y la justicia en el país.
En las últimas semanas, Abad se dirigió a Ginebra para presentar su caso ante organismos internacionales, buscando apoyo y legitimidad frente a las acusaciones que enfrenta. En el contexto interno, la presidenta Cynthia Gellibert había designado a un vicepresidente interino, asfaltando el camino para un vacío potencial en el liderazgo. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Ecuador confirmó que no hubo una renuncia oficial por parte de Abad, lo que significa que sigue siendo la vicepresidenta del país, a pesar de las dificultades que se ciernen sobre su gestión y las presiones políticas a las que se enfrenta.
Los portavoces del gobierno ecuatoriano han definido las limitaciones impuestas a Abad como un riesgo inminente para la democracia del país, destacando las implicaciones que esto tiene no solo para ella como dirigente, sino también para todos aquellos que creen en los principios de justicia, igualdad y derechos humanos en Ecuador. (Sputnik)
