En una sesión legislativa donde se destacó la participación activa de 40 suplentes, se aprobó de manera unánime el documento 24,834, que establece una significativa modificación en el periodo de prescripción para los delitos de corrupción, ampliándolo considerablemente.
Este desarrollo legislativo ha sido esperado desde hace meses, ya que se trata de una propuesta proveniente del partido Frente Amplio, la cual comenzó a ser discutida a inicios de marzo. Con la aprobación en la Asamblea Legislativa, el único paso que queda por realizar es la firma del presidente Rodrigo Chaves, quien será el encargado de ratificar esta ley.
Originalmente, la propuesta elaborada por el diputado Ariel Robles pretendía que el periodo de prescripción se extendiera por un lapso de 25 años. No obstante, tras una serie de negociaciones y diálogos con el legislador Fabricio Alvarado, se alcanzó un consenso para que el plazo propuesto se incrementara a 30 años. Actualmente, el tiempo de prescripción establecido para los delitos de corrupción es de tan solo 10 años, de ahí la importancia de este cambio.
La decisión fue tomada en una reunión parlamentaria celebrada el 28 de marzo, en un clima de colaboración donde se dio continuidad a las discusiones de este importante tema. En el mismo encuentro, se mantuvo un diálogo abierto sobre los detalles de la propuesta y se logró avanzar hacia la primera discusión del proyecto.
El vicepresidente Ariel Robles, quien ha sido un ferviente defensor de la iniciativa, expresó: «Damos un mensaje claro de que una persona que ha cometido actos de corrupción nunca dejará de enfrentar la responsabilidad por sus acciones, tanto ante la justicia como frente a la opinión pública.» Su enfoque subraya la necesidad de hacer frente a la corrupción de manera efectiva y decidida.
El proyecto de ley involucra una modificación en el artículo 31 del Código Penal, donde se añade una nueva subsección (d). Con el texto aprobado, la normativa quedaría estipulada de la siguiente manera:
31. Grado.- Términos de prescripción de acción penal. Si no se inicia un caso penal, la acción prescribirá:
(…)
(d) Treinta años después de la entrada en vigencia de la Ley Penal, según la Ley 8422, que aborda los delitos de corrupción y la habilitación ilegal en el ejercicio de funciones públicas, a partir del 6 de octubre de 2004, incluyendo delitos tipificados en el capítulo XV, referente a «delitos contra los deberes de los servicios públicos» en el marco penal.
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Colaboración entre FA y Nueva República
Es importante mencionar que en el año 2021, el partido Nueva República había propuesto un proyecto similar bajo el documento 22,460, que planteaba que el tiempo de prescripción para estos crímenes se igualara a 30 años. Esto muestra la constante preocupación por parte de diferentes grupos políticos en luchar contra la corrupción y establecer una justicia más efectiva.
Durante el análisis del servicio de administración en el registro frontal, se llegó a un acuerdo significativo para modificar el periodo, extendiéndolo de 25 a 30 años y manteniendo la iniciativa activa. La enmienda se aprobó en su momento, lo que llevó a que el antiguo proyecto neorepublicano, correspondiente a la legislatura anterior, fuese archivado, dado que no se pudo validar una extensión de cuatro años.
La colaboración entre Nueva República y el Frente Amplio se ha fortalecido, brindando el sustento necesario para la aprobación de esta nueva propuesta, que ahora está a un paso de convertirse en ley, con la esperanza de que el presidente la firme en el corto plazo.
