El miércoles pasado, la sesión legislativa dio un paso significativo, aunque polémico, cuando se llevó a cabo una votación sobre la liberación alternativa. En esta ocasión, los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y los Independientes se unieron para presentar el documento con el número 23,724, que fue objeto de análisis y debate en la asamblea. La propuesta generó una serie de reacciones, tanto a favor como en contra, lo que evidenció la división de opiniones respecto a un asunto tan delicado como lo son las pensiones.
Una de las reformas más destacadas fue la modificación del artículo 105 de la Constitución Política. Esta reforma introdujo la posibilidad de realizar un referéndum relacionado con las pensiones. Con el nombre de «Deceto», dicha modificación tenía como finalidad dar a la ciudadanía la oportunidad de decidir si se abolían o no las pensiones consideradas de lujo, un asunto que ha generado inquietud y debate en la sociedad costarricense.
Las reformas fueron anunciadas por la funcionaria Pilar Cisneros en abril de 2023, como parte de un esfuerzo para brindar más poder decisional a los ciudadanos respecto a temas que afectan su bienestar. La propuesta fue firmada y presentada públicamente, permitiendo que los ciudadanos se involucren activamente en el proceso legislativo.
Sin embargo, la discusión que se prolongó hasta el miércoles culminó con la decisión de archivar el documento. A pesar de los intentos por llevar adelante la propuesta, solo se obtuvieron 16 votos a favor frente a 25 en contra, lo que significó que la iniciativa no logró el respaldo necesario para continuar en el proceso legislativo. «La lista va al archivo», señaló Carlos Felipe García, quien se desempeña como presidente interino del Parlamento y secretario de la Legislatura, marcando así una clara conclusión a la controversia.
De manera análoga, la Comisión establecida para analizar y recomendar acciones sobre el caso, que incluía a miembros de varios partidos, no logró alcanzar un consenso. La falta de acuerdó ha sido un reflejo de la polarización en torno a la reforma de pensiones y la necesidad de un referéndum que permita el involucramiento ciudadano.
Verifique más: Pilar Cisneros se esfuerza por acelerar la reforma de progreso para permitir un referéndum sobre la jubilación de lujo
Este fue el voto. (Captura de pantalla)
Que la gente decida
La idea del referéndum se introdujo como una herramienta participativa en 2002, al reformarse el artículo 105 de la Constitución Política. Esta modificación permitió que los ciudadanos ejercieran una mayor influencia en la promulgación, adopción o derogación de leyes, así como en la mejora de la propia constitución, siempre que al menos el 5% de los ciudadanos registrados solicitaran dicha consulta.
Sin embargo, existen ciertas excepciones que limitan la aplicación de este mecanismo, excluyendo temas sensibles como el presupuesto, impuestos, finanzas públicas, pensiones, seguridad, y otros asuntos críticos. De acuerdo con la propuesta, se especificó que:
105. Artículo (…)
El referéndum no continuará si los proyectos están relacionados con el presupuesto, fiscal, fiscal, monetario, crédito, seguridad, préstamos y contratos o administración.
A pesar de los esfuerzos por parte de la Autoridad Legislativa y de figuras como Pilar Cisneros, la posibilidad de implementar reformas para abordar la situación de las pensiones no se concretó, lo que ha planteado interrogantes sobre el futuro de la participación ciudadana en decisiones clave para el bienestar del país.
