CARACAS, 12 de abril (Xinhua) – En un anuncio que ha generado un amplio debate, la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) de Venezuela comunicó el sábado su decisión relacionada con el decreto número 5.118, mediante el cual el presidente Nicolás Maduro ha declarado un nuevo estado de angustia económica que se extenderá por un lapso de 60 días en toda la nación. Esta declaración de estado de angustia económica tiene como finalidad abordar la grave crisis que enfrenta el país y ha sido objeto de revisión por parte del más alto tribunal a instancias del Ejecutivo Nacional.
En su declaración no. 533, la Cámara Constitucional del TSJ afirmó que esta medida se alinea con las disposiciones establecidas en el Artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo así al gobierno tomar acciones extraordinarias para hacer frente a la complicada situación socioeconómica que se vive en la actualidad.
El Tribunal Supremo de Justicia enfatizó que el fallo tiene un carácter preventivo y busca salvaguardar la estabilidad nacional, así como proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. «La sentencia se ajusta a los parámetros constitucionales necesarios para abordar los serios desafíos económicos que enfrentamos», indicó el documento judicial, validando así los poderes del Ejecutivo en circunstancias excepcionales.
Según el gobierno, estas políticas de emergencia no solo son necesarias, sino que son una herramienta vital para proteger los ingresos nacionales, garantizar un suministro adecuado de bienes y servicios, y defender los servicios públicos que son esenciales para la población. Esta actuación forma parte de una serie de medidas que la administración ha estado implementando durante varios años, en respuesta a problemas estructurales y de corto plazo, exacerbados por lo que han calificado como agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.
La TSJ reafirmó su papel como garante de la constitucionalidad en situaciones extraordinarias, destacando que esta decisión fue adoptada en base a la institucionalidad actual y al principio de legalidad. Esta acción forma parte de un enfoque más amplio por parte del gobierno para dirigirse a los problemas económicos que obstaculizan el desarrollo y bienestar del país, buscando siempre herramientas que permitan enfrentar esta crisis de la manera más efectiva posible.
