Ciudad de México, Abr (Sputnik) .- La reciente investigación sobre la desaparición forzada en México, impulsada por la ONU a comienzos de abril, fue recibida con un respiro de esperanza por parte de las familias que han sido afectadas por esta tragedia, como lo compartió Diana Iris García, madre que lleva 18 años buscando a su hijo.
«Nunca imaginamos que tendríamos la capacidad de hacer que la ONU comenzara una investigación sobre nuestras demandas. Ha sido desgarrador lo que hemos aprendido sobre la situación que enfrentamos, además del escaso interés que el estado mexicano muestra hacia la problemática de la desaparición forzada», comentó García con visible emoción.
El pasado 4 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) acordó llevar a cabo una investigación en el contexto de una crisis que ha afectado a numerosas familias en el país. Esta decisión tenía fundamento en una serie de denuncias sobre la práctica sistemática de desapariciones forzadas dentro de México.
El presidente del CED, Olivier de Fouble, al hacer el anuncio, destacó que se había recibido información que señalaba la ocurrencia generalizada de desapariciones forzadas en varias regiones mexicanas, mientras que la crisis del crimen organizado se mantenía activa y creciente.
El contexto de esta decisión fue alarmante, ya que, a finales de marzo, se hallaron restos humanos en el So-Rancho Izaguirre, una propiedad vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Teuchitlán. Este hallazgo reforzó las preocupaciones sobre la tortura y asesinato sistemático de personas.
«Desafortunadamente, el hallazgo en el rancho Izaguirre fue el evento que colmó el vaso. Es un reflejo de la desesperación que sentimos las familias que buscamos a nuestros seres queridos», expresó García, quien ha estado activa en la defensa de los derechos humanos desde que su hijo desapareció.
Esfuerzo
Las víctimas y sus familiares han estado solicitando a la ONU que se lleve a cabo una investigación desde noviembre de 2021. Este comité, que cuenta con la participación de diez expertos independientes, es responsable de monitorear el cumplimiento del tratado sobre desapariciones forzadas que México ratificó en 2008.
Organizaciones de derechos humanos abogaron por la implementación del Artículo 34 del CED, que permite iniciar una investigación bajo ciertas condiciones. Sin embargo, García mencionó que no todos los familiares de las víctimas estaban al tanto de esta disposición, y que muchos sintieron presión por parte de las autoridades, quienes desincentivaron las quejas ante la ONU, argumentando que era una medida demasiado extrema.
En febrero de este año, un grupo de activistas de Coahuila viajó a Ginebra para formar parte de un importante congreso sobre desapariciones forzadas, donde lograron presentar información valiosa al CED y discutir el uso del artículo mencionado.
Posteriormente, en marzo, un miembro del CED se reunió con familiares en Ciudad de México, lo que fue crucial para que se tomara la decisión de iniciar una investigación el 4 de abril según relata García.
Protestas del Senado y del Gobierno
No obstante, el Senado mexicano se opuso a la resolución del CED y pidió la anulación de las acusaciones realizadas contra el Estado. La oposición se centró en la falta de pruebas por parte del CED y se advirtió que se harían reclamaciones formales a la ONU en defensa del país.
La postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también fue de rechazo, afirmando que en México no existen desapariciones forzadas por parte del Estado, lo cual genera un gran descontento entre las familias afectadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México también emitió una declaración donde rechazaba las afirmaciones del CED respecto a la desaparición forzada en el país, argumentando que no se permitía la desaparición como parte de una política estatal.
En respuesta a las críticas, Fouville insistió en que el CED solicitará a México que proporcione toda la información relevante, enfatizando que la investigación solo se llevará a cabo si se obtienen garantías de seguridad para los involucrados en el proceso.
Respuesta de las madres
Iris García ha estado organizando a otras madres en su lucha por la verdad y la justicia, y ha logrado reunir a cerca de 300 familias que exigen conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos. Están acompañadas en su lucha por el Centro de Diócesis para los Derechos Humanos ‘Fray Juan de Larios’, fundado en 2004 por el obispo emérito Raúl Vera.
Las exigencias de estos grupos giran en torno a la falta de respuesta por parte del estado a sus reclamos, así como la percepción de que en algunos casos hay complicidad entre las autoridades y los grupos criminales organizados, lo que obstaculiza el esclarecimiento de muchos crímenes.
«Es impactante que haya 127,000 desaparecidos en un país que no está en guerra», lamenta García. La respuesta del Senado ante la investigación del CED es, según ella, “deplorable”, expresando que no representa a las familias ni busca realmente atender sus necesidades.
Las acciones del presidente Sheinbaum en relación a las desapariciones son consideradas por García como insuficientes, sugiriendo que es necesario que se asigne más presupuesto y se implementen comisiones de búsqueda efectivas.
La activista muestra su desilusión con la postura de Sheinbaum frente a la ONU, señalando que, como mujer y madre, se esperaría empatía, pero parece que el gobierno trabaja para una élite política y no atiende las graves tragedias que enfrentan las comunidades.
Asimismo, García critica la falta de responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas, comparando la situación actual con la ‘guerra sucia’ de las décadas de 1960 y 1970, donde el estado estuvo directamente involucrado en la represión de movimientos sociales.
García sostiene que el aumento del crimen organizado es resultado de la inacción y la irresponsabilidad del estado, lo que genera una profunda crisis.
Botón de muestra
El dolor personal de García es palpable al recordar a su hijo, Daniel Cantú Iris, quien desapareció a la edad de 23 años. A pesar de los años transcurridos, su caso sigue sin tener avance judicial. «No puedo afirmar que habrá justicia, porque ni siquiera hay un proceso real en marcha», concluye García.
Se espera que el CED emita solicitudes oficiales para abrir la investigación en las próximas semanas, y los registros oficiales apuntan a que, para 2024, habrá 13,627 personas desaparecidas en México, marcando un aumento del 30 por ciento con respecto al año anterior. (Sputnik)
