En la ciudad de San Salvador, el presidente Nayib Bukele, conocido por sus decisiones controvertidas, hizo una propuesta bastante inusual el domingo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. El anuncio fue un intercambio propuesto de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos y enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, por la liberación de lo que Bukele describe como prisioneros políticos en Venezuela, un tema que ha suscitado un intenso debate a nivel internacional.
La propuesta fue comunicada a través de la red social X, donde el mandatario salvadoreño hizo referencia a los comentarios de Maduro sobre el bienestar de los ciudadanos venezolanos en el extranjero. En su mensaje, Bukele se dedicó a enmarcar su oferta como un esfuerzo humanitario, sugiriendo que se podría facilitar la repatriación de todos los venezolanos que se encuentran actualmente bajo custodia en su país a cambio de un número igual de prisioneros que están siendo acusados de motivos políticos en Venezuela.
El presidente salvadoreño fue claro al indicar que, en su país, no hay prisioneros políticos, argumentando que los venezolanos arrestados fueron detenidos en el contexto de sus esfuerzos contra las pandillas, específicamente en relación con el grupo conocido como el tren Aragua. Bukele contrastó las condiciones de los prisioneros en ambos países, afirmando que muchos de los opositores detenidos en Venezuela no han cometido delitos de ningún tipo, sino que sólo están encarcelados por ejercer su derecho a oponerse al régimen que los mantiene bajo custodia.
Además, Bukele reveló nombres de algunas figuras que podrían entrar en el acuerdo de intercambio. Entre ellos, identificó a Rafael Tudares, yerno del ex candidato presidencial Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel, así como Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado. También mencionó que otros opositores que se encuentran en la Embajada Argentina en Caracas podrían ser incluidos en el intercambio, además de indicar la presencia de cerca de 50 ciudadanos de diferentes nacionalidades que han sido arrestados en El Salvador.
La propuesta fue también respaldada con la intención de enviar una comunicación formal desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno salvadoreño. En este contexto, es importante recordar que la política de extradición y deportación que permite el envío de inmigrantes venezolanos a El Salvador tuvo su origen en las decisiones de la administración del expresidente Donald Trump, quien justificó tales medidas diciendo que estos individuos estaban vinculados a organizaciones criminales en su país de origen.
A lo largo de la última década, el gobierno venezolano ha denunciado que estas deportaciones son injustas y se ven como una violación de los derechos humanos, describiendo la situación de sus ciudadanos como un secuestro. El continuo intercambio de acusaciones y la preocupación por el bienestar de los ciudadanos en cuestión destacan las complejidades de las relaciones entre Venezuela y El Salvador, así como el impacto que estas políticas tienen en la vida de miles de personas.
