Después del descanso de Pascua, los legisladores hicieron su regreso al trabajo cuando se reunieron con el comité de seguridad y drogas de la Asamblea Legislativa para discutir varios proyectos de ley importantes. Este proceso legislativo es fundamental, ya que estos diputados se encargaron de revisar y dar continuidad a la tramitación de diversas iniciativas dentro del Parlamento.
Una de las propuestas más destacadas es la creación de un banco de material genético que contenga información esencial sobre casos de crímenes sexuales violentos. Se estima que este banco incluiría una lista de 24,327 individuos condenados por tales delitos, lo que representa un paso significativo hacia la justicia y la seguridad pública.
La propuesta fue adelantada por Maria Marta Carballo, quien se desempeña como la líder en la temática de violación dentro de la unidad social cristiana (PUSC). Su iniciativa tuvo un gran respaldo por parte de los legisladores de la Comisión, quienes expresaron su intención de buscar enmiendas adicionales para mejorar el texto de la propuesta, utilizando el recurso que brinda el Artículo 137 de la legislación vigente.
El propósito principal de este banco de datos es recopilar información sobre individuos que se encuentran privados de libertad por delitos sexuales, así como obtener muestras de material genético de aquellos sentenciados a penas que superen los cuatro años de prisión. Esta base de datos tendrá un papel crucial en la investigación de delitos, facilitando la labor de los cuerpos de seguridad y mejorando la efectividad en la resolución de casos.
Carballo, al presentar la propuesta, enfatizó que su objetivo es hacer más accesible la investigación de delitos, ya sean estos recientes o de carácter histórico, a la vez que se busca aumentar la seguridad pública. «La eficiencia del juicio, la prevención del delito y la protección de los derechos de las víctimas son elementos que estamos planteando con esta iniciativa», declaró Carballo durante la presentación de su proyecto.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, se mostró optimista sobre la creación de este banco de ADN, considerando que es un avance significativo. Afirmó que la necesidad de contar con un registro de delincuentes sería crucial para monitorizar a posibles depredadores sexuales, especialmente en el contexto de quienes han cumplido su condena y están reintegrándose a la sociedad. «Con esta acción, se busca brindar mayor seguridad a las mujeres y a la comunidad en general», comentó Zúñiga.
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En 10 años
El objetivo de esta iniciativa es la inclusión de dos subcapítulos al Artículo 4 de la Ley orgánica del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), donde se plantea una contribución significativa para establecer un banco de material genético destinado a fines de investigación. Este proceso no solo busca eficientizar la investigación judicial, sino que también plantea la necesidad de preservar la confidencialidad de la información recopilada.
El proyecto establece que la agencia está obligada a proteger y restringir el acceso a toda la información recopilada, asegurando así la mayor confidencialidad posible. Esta información estará restringida para uso exclusivo de investigadores, jueces, fiscales y defensores involucrados en el proceso judicial correspondiente.
Las muestras de material genético que se recojan permanecerán en los registros del OIJ durante un período de diez años una vez que el acusado haya sido condenado. Transcurrido este tiempo, se estipula que todos los datos y muestras deben ser eliminados para garantizar el respeto a la privacidad de los individuos.
Randall Zúñiga también detalló el proceso de extracción de muestras, señalando que sería un procedimiento no invasivo. «Las muestras se tomará mediante un dispositivo que se coloca en el paladar de la boca para extraer células epiteliales y, de esta manera, realizar las comparaciones necesarias para construir el banco de ADN. Esto permitirá resolver de forma más eficiente y eficaz los a casos investigados», indicó Zúñiga.
Una vez que el documento reciba la opinión correspondiente, será enviado al Ministerio Público. Sin embargo, está previsto que regrese al Comité de Seguridad para realizar más análisis a través del Artículo 137, antes de que se formalice su discusión y votación en las primeras y segundas lecturas del Parlamento.
