San José, 22 de abril (Elmundo.CR) – La Infraestructura de Transparencia del Índice (ITI) se presenta como una herramienta esencial destinada a evaluar y mejorar la apertura y accesibilidad de la información relacionada con los proyectos de infraestructura pública en nuestro país, Costa Rica. Esta iniciativa se vuelve crucial en un contexto donde la transparencia es fundamental para fomentar la confianza entre los ciudadanos, las empresas y el gobierno.
Este año 2025, la Iniciativa Costo Costa Rica llevará a cabo la presentación del tercer informe ITI, programada para el 15 de mayo a las 9:00 a.m. en el Auditorio Jorge Manuel Denggo de la Facultad de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Este evento promete ser un hito importante para reforzar el compromiso hacia una mayor transparencia en la gestión pública.
Marisol Castro González, quien ha sido portavoz del asunto, resaltó que «la ITI contribuye a fortalecer la gerencia en la inversión pública al identificar áreas donde hay un aumento en la necesidad de datos, lo que promueve no solo la responsabilidad, sino también la calidad en el uso de los recursos públicos». Este enfoque es fundamental para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz.
El estudio que se realiza no solo se limita a evaluar el estado actual del acceso a la información, sino que propone un método robusto para la difusión de la información sobre proyectos públicos llevados a cabo por diversas instituciones estatales. Este proceso va acompañado de recomendaciones específicas, orientadas a que las instituciones públicas mejoren su capacidad para divulgar información relevante y accesible al público.
El cumplimiento e implementación de estas recomendaciones buscan incentivar la participación activa de distintos sectores interesados, incluidos el sector privado y las organizaciones académicas. Tal enfoque es vital en un contexto donde la eficiencia en el gasto público resulta ser clave, consolidándose como un aliado estratégico que fortalece la confianza en la inversión pública y asegura que los beneficios de los proyectos sean palpables para la población.
Un elemento destacable es el significativo progreso que han mostrado las instituciones que forman parte de este tercer informe, comparado con años anteriores. Se estima que para el año 2025, alrededor de 30 instituciones participarán, siendo que más de la mitad de ellas (18) ya estuvieron presentes en lanzamientos previos, y 11 han estado participando continuamente desde el año 2021.
La Cathalina García, responsable del seguimiento de este proceso, sostiene que «la participación repetida en este proceso fomenta el compromiso de las instituciones que han estado involucradas con la ITI en tres ocasiones, lo que permite un análisis más detallado de los avances y desafíos».
La medición del índice se basa en cuatro dimensiones clave:
- Disponibilidad de información: Se evalúa la cantidad y calidad de la información disponible sobre los proyectos de infraestructura, asegurando que sea accesible y comprensible para los ciudadanos.
- Participación ciudadana: Se analiza el grado en que la sociedad civil, el sector privado y otros actores pueden participar en la planificación, ejecución y supervisión de los proyectos de infraestructura.
- Rendición de cuentas: Se examinan los mecanismos que permiten a las instituciones responder por sus decisiones, gestionar los riesgos asociados y tomar medidas correctivas en caso de detectar irregularidades.
- Capacidad institucional: Se estudia si las instituciones cuentan con procesos, regulaciones y recursos adecuados que garanticen la transparencia y mejoren la eficiencia en la gestión de la infraestructura pública.
Estos criterios son fundamentales para identificar tanto los progresos como las áreas en las que se requiere mejorar la transparencia en el uso de la inversión pública en infraestructura, promoviendo un uso más eficaz de los recursos estatales. Las calificaciones derivadas del índice se fundamentan en diversos indicadores, que son analizados individualmente para evaluar las prácticas institutionales y el contexto nacional, en términos de transparencia y responsabilidad dentro del sector público enfocado en la infraestructura.
Los resultados de este análisis serán publicados en forma de un índice que clasificará a las entidades contratantes y ofrecerá una evaluación nacional por parte de los distintos sectores involucrados.
