Medidas de fortalecimiento de la justicia para reclusos de máxima seguridad: reducción de visitas, llamadas y áreas recreativas.

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica ha dado a conocer una serie de nuevas restricciones que se implementarán en el círculo de alta inclusión, que es también conocido como el régimen de máxima seguridad. Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para manejar con mayor eficacia el sistema penitenciario del país.

A partir de ahora, los prisioneros que se encuentran dentro de este régimen, que incluye a aquellos considerados de alta peligrosidad, tendrán limitaciones significativas en cuanto a las parcelas que pueden recibir. Según las nuevas directrices, las personas encarceladas en este régimen solo podrán recibir envíos de artículos esenciales una vez al mes. Esto supone un endurecimiento en las normas que regulan cómo los prisioneros pueden recibir bienes de parte de sus familiares o amigos.

Además, las visitas familiares estarán restringidas a solo una vez al mes. Las visitas conyugales, que generalmente se consideran un derecho importante para los prisioneros, solo se permitirán cada dos meses, y aquellas personas interesadas en disfrutar de estas visitas deben presentar pruebas de su relación. Esta política tiene como objetivo limitar las interacciones que pueden influir en la seguridad y la gestión del sistema penitenciario.

Otro cambio significativo es la restricción en las llamadas telefónicas; los prisioneros solo podrán realizar hasta 10 llamadas a la semana. Anteriormente, contaban con acceso gratuito a los teléfonos públicos ubicados en el Centro Criminal, pero este acceso será eliminado como parte de las nuevas normas. La medida se implementa con la intención de minimizar las oportunidades de comunicación que podrían ser mal utilizadas.

Gerald Campos, el ministro de Justicia y Paz, ha declarado que estas acciones están alineadas con el compromiso del gobierno de asegurar un control más estricto sobre la seguridad institucional y el bienestar general. Según el ministro, las personas privadas de libertad se están separando de acuerdo con criterios que combinan un análisis técnico, criminológico y preocupaciones de seguridad.

Este proceso de clasificación permite que los prisioneros que son considerados de mayor riesgo se agrupen en módulos que cuentan con niveles más altos de supervisión y restricciones. El Ministerio ha determinado que esta reorganización inicial de la capacidad penitenciaria permitirá habilitar hasta 1,000 espacios de alta seguridad. La meta aquí es no solo aumentar el control interno, sino también optimizar la utilización de los recursos humanos disponibles para la supervisión.

El gobierno también está avanzando en la construcción de una nueva prisión, la cual estará dedicada exclusivamente a los prisioneros considerados como de mayor riesgo. Esto contribuirá no solo a la reducción de la sobrepoblación carcelaria, sino también a la mejora de la infraestructura existente en los módulos penitenciarios actuales. Los funcionarios del ministerio subrayan que estas medidas no solo buscan fortalecer la seguridad del país, sino también crear un entorno que sea más favorable para la rehabilitación de aquellos prisioneros que presentan un potencial real de reintegración a la sociedad.