La sesión legislativa que se abordó en el primer documento de discusión 24,311 tiene como objetivo la creación de un Protocolo para la desaparición de mujeres de edad legal. Esta iniciativa es de vital importancia, dado el alarmante aumento de casos de desapariciones y el feminicidio en el país.
El protocolo ha sido denominado «Kimberly Alert», en memoria de Kimberly Araya, una mujer de 33 años y madre de tres hijos, que estuvo desaparecida una semana antes de que su cuerpo fuera hallado trágicamente en la Ruta 32 de Jadri, cerca del túnel Zurquí. Este caso resonó en la sociedad y evidenció la necesidad urgente de implementar acciones efectivas para prevenir y atender la desaparición de mujeres.
La propuesta fue presentada por la diputada social cristiana Maria Marta Carballo, quien busca de manera general fortalecer la prevención, la atención y la respuesta ante la desaparición de mujeres en Costa Rica. El proyecto contempla un conjunto de medidas que permitirán una respuesta más rápida y efectiva ante estos casos, promoviendo una coordinación eficiente entre distintas instituciones.
La legisladora manifestó que «esperamos que esta iniciativa se convierta en un dispositivo eficaz para instituciones como el OIJ, el Ministerio Público y el público en general, lo que les permitirá acelerar la búsqueda de personas desaparecidas y, en la medida de lo posible, prevenir los feminicidios, una verdadera epidemia que está afectando al país en la actualidad».
El proyecto, que tiene un respaldo sólido, será discutido nuevamente la próxima semana y posteriormente se someterá a votación. Una vez aprobado, pasará al poder ejecutivo, donde el presidente Rodrigo Chaves deberá firmarlo para que se convierta en ley.
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El proyecto es impulsado por Maria Marta Carballo.
El alcance
La propuesta para establecer un protocolo nacional se compone de tres etapas, donde se contempla la participación activa de la policía local, la Agencia de Justicia (OIJ), el escuadrón público, la policía fronteriza y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Según la iniciativa, «su implementación incluye la prevención de desapariciones, la búsqueda activa y el monitoreo tanto de los casos resueltos como de los que permanecen sin respuesta. Además, se garantizan acompañamientos institucionales para apoyar a las familias y comunidades afectadas por las desapariciones».
El marco jurídico que se sugiere en el texto contempla la inclusión de tres instrumentos fundamentales:
- La intervención comunicacional y el acceso a documentos privados cuando se cuente con una sospecha razonable de que un individuo posee información crucial para resolver un caso determinado.
- La obligación de difundir y proporcionar advertencias de manera gratuita a través de medios de comunicación y sistemas digitales, en relación con mujeres desaparecidas y casos que aún no han sido resueltos.
- La imposibilidad de que una persona previamente notificada o que no se haya localizado pueda salir del país, garantizando así un mejor control sobre la situación.
