Esta semana, Rocío Alfo, diputada del Frente Amplio, quien además se convierte en la nueva comandante de la violación durante el último período legislativo, presentó una interesante propuesta legislativa bajo el documento 24,935. Su objetivo es establecer «leyes que garanticen el derecho de los empleados a disponer de asientos en sus lugares de trabajo durante sus jornadas laborales». Este planteamiento cobra especial relevancia en el contexto actual, donde muchas personas pasan largas horas de pie en sus trabajos, lo que puede tener consecuencias negativas para su salud.
La esencia de la propuesta radica en que se convierta en una obligación para los empleadores proporcionar asientos adecuados, tales como sillas de apoyo, especialmente para aquellos trabajadores que laboran cinco días a la semana en lugares como supermercados y otros establecimientos con jornadas intensivas. A través de esta iniciativa, la diputada Alfo busca no solo proteger la salud de los empleados, sino también mejorar su calidad de vida laboral en un ambiente cada vez más exigente.
Según el Frente Amplio, actualmente la legislación laboral vigente no exige a los empleadores la provisión de sillas en aquellos lugares donde los empleados deben permanecer de pie durante largos períodos. Esto, sin duda, afecta su bienestar físico y repercute negativamente en su rendimiento laboral. En este sentido, Alfo aclara que «la iniciativa no solo pretende otorgar nuevos derechos, sino que también establece la obligación de los empleadores de proporcionar asientos que permitan a los trabajadores sentarse de manera regular o adoptar posturas cómodas, especialmente cuando la naturaleza de su labor requiere que permanezcan de pie durante varias horas».
El proyecto de ley propone la adición de una sub-sección e) al artículo 214, y una sub-sección l) al artículo 70 de la Ley de Trabajo existente. Con estas modificaciones, se busca robustecer el marco normativo que regula las condiciones laborales en el país, abordando una necesidad que ha sido ignorada durante bastante tiempo. La idea es que este cambio no solo beneficie a los trabajadores, sino que también refuerce la función de la policía laboral, proporcionando un entorno más seguro y saludable para todos los empleados.
En palabras de un vocero de Alfo, «con esta iniciativa se fortalecería nuestra policía laboral y se contribuiría a establecer mejores condiciones para los trabajadores, quienes son esenciales para la producción y el desarrollo económico de Costa Rica, un país rico en recursos y potencial». Esta declaración pone de manifiesto la relevancia de la propuesta y su impacto en el bienestar colectivo.
En conclusión, Rocío Alfo subraya que la propuesta no solo es un avance hacia la modernización de la legislación laboral en Costa Rica, sino que también representa un acto de justicia hacia aquellos trabajadores que, con su esfuerzo diario, sostienen la economía del país. «Buscamos justicia para su salud y bienestar. Es tiempo de reconocer el valor de quienes diariamente aportan a nuestra sociedad», concluyó.
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