La policía penitenciaria del Ministerio de Justicia ha iniciado una importante campaña de inclusión, colaborando activamente con las autoridades públicas tanto dentro como fuera de la prisión de La Reforma. Este enfoque integral busca no solo el control y la seguridad en el recinto penitenciario, sino también la reintegración social y el apoyo a las familias de los internos, creando un puente entre el sistema penal y la sociedad en general.
En el marco de estas operaciones, los oficiales de la policía penitenciaria han llevado a cabo revisiones exhaustivas de las parcelas que pertenecen a las familias de los reclusos. Dichas revisiones son esenciales para identificar cualquier actividad sospechosa o equipo que pueda estar siendo utilizado indebidamente. Además, los agentes también han estado inspectando los vehículos estacionados en las cercanías de la prisión, asegurándose de que no se faciliten contrabando ni otras irregularidades que puedan comprometer la seguridad del lugar.
En esta cruzada por la seguridad, las unidades especializadas de la policía están aportando su experiencia y recursos. Estas unidades incluyen a la policía de migración y a la policía de tránsito, quienes trabajan en conjunto para fortalecer los esfuerzos de seguridad y minimizar cualquier riesgo potencial. Este enfoque multidisciplinario es fundamental para hacer frente a los desafíos complejos que presenta el entorno penitenciario actual.
Todo ello se realiza bajo el lema del actual gobierno, que promueve una política de cero tolerancia al crimen, además de luchar incansablemente contra la Alcahuetía, una práctica que ha sido identificada como una de las grandes dificultades que enfrentan las cárceles. Esta política busca erradicar la corrupción y las complicidades que pueden existir dentro del sistema penitenciario, asegurando que el cumplimiento de la ley se mantenga firme y justo.
Como resultado de estas acciones operativas, los organismos policiales han logrado realizar arrestos significativos. En las últimas horas, se ha detenido a dos sospechosos en las cercanías de La Reforma, bajo la dirección de una orden emitida por el ministerio público. Estas detenciones son parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes criminales que operan en y alrededor de las instalaciones penitenciarias.
Uno de los arrestados se encontraba en posesión de un rifle de calibre 9 mm, junto con dos cargadores y 20 proyectiles. Estas circunstancias permiten a las autoridades formular cargos por la posesión ilegal de armas, lo que representa un grave delito en el contexto de la seguridad pública. La tenencia de dicho armamento resalta la urgencia de las medidas de control y la necesidad de continuar con las operaciones de vigilancia.
Además, otro individuo, que conducía un automóvil, fue arrestado tras serle confiscada la documentación del vehículo. Se alega que estos documentos son falsos, lo que podría llevar a un proceso judicial por el supuesto delito de uso de documentos falsos, así como por el posible cambio de signos y marcas. Estas situaciones destacan la importancia de vigilar los movimientos alrededor de la prisión y la implementación de medidas preventivas para evitar la criminalidad en todas sus formas.
