Ciudad de México, Abr (Sputnik) .- La organización de Amnistía Internacional (AI) ha manifestado su «profunda preocupación» con respecto a la desaparición de personas en México durante el año 2024. En su informe anual, que fue publicado el martes, la organización indicó que se han agregado más de 13,500 casos a las estadísticas de desapariciones en el país.
La desaparición de personas ha sido un tema de creciente inquietud y, a pesar de ello, se temía que el gobierno minimizaría la magnitud de la crisis. Quienes buscan a desaparecidos enfrentan un grave riesgo, y la práctica de la detención arbitraria continúa vigente, mientras que la independencia judicial se ve amenazada por reformas constitucionales, tal como se detalla en el informe titulado «La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2025.»
La cifra de personas desaparecidas se basa en los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Dicha agencia ha registrado 13,588 nuevos casos de desapariciones en 2024, de los cuales 9,621 eran hombres, 3,960 mujeres y siete no fueron identificados, según se detalla en el informe.
De acuerdo con los datos oficiales, el total acumulado de casos desde 1962 hasta 2024 asciende a 120,740 personas, lo que representa un alarmante aumento del 30 por ciento en los informes de desapariciones en comparación con 2023.
Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su inquietud respecto a que el gobierno se encuentra tratando de negar la crisis, minimizando la cifra oficial de las personas desaparecidas o no identificadas. En marzo, el Ministerio del Interior comunicó que alrededor de 20,000 personas habían sido localizadas, mientras que casi 100,000 seguían desaparecidas.
La situación es particularmente peligrosa para las mujeres, quienes representan la mayoría de las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. El capítulo mexicano de AI destaca que aquellas personas que intentan localizar a sus familiares en esta situación aún enfrentan riesgos significativos.
Expertos en la ONU
El informe señala que durante los últimos 17 años, desde el inicio de la participación militar en operaciones de seguridad pública en México, el número de desapariciones forzadas y homicidios no ha hecho más que aumentar. En julio del año pasado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria expresó su preocupación acerca del uso sistemático de esta práctica en el país.
La ONU hizo hincapié en que las tácticas de detención arbitraria, la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza durante arrestos han contribuido a agravar la situación de derechos humanos en el país. En diciembre de 2024, se aprobó una reforma constitucional que amplió el uso de la detención preventiva a delitos relacionados con la extorsión y contrabando.
A pesar de los advertencias de organismos internacionales, estas reformas también se han aplicado a ciertos delitos relacionados con drogas. Los defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes siguen siendo objeto de criminalización, abuso de poder, violencia e incluso asesinato.
Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han continuado cometiendo violaciones a los derechos humanos, incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales, con un nivel de impunidad que persiste. En el transcurso del último año, el gobierno ha seguido promoviendo la producción y uso de combustibles fósiles, como se evidencia en proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, lo cual ha suscitado preocupaciones sobre su impacto ambiental.
Nuevo gobierno
En junio, Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta de México, marcando un hito al convertirse en la primera mujer en asumir dicho cargo. Sin embargo, la elección fue la más violenta registrada en la historia del país, ya que se reportó el asesinato de al menos 41 candidatos a cargos públicos.
En septiembre del año pasado, el Congreso aprobó una reforma constitucional que colocó a la Guardia Nacional bajo el control de las Fuerzas Armadas, lo que se considera una forma de «militarización de la seguridad pública». También se emitieron reformas controversiales respecto a amnistía y amparos judiciales que permiten a la presidencia otorgar amnistía sin restricciones a quienes brindan información útil para investigaciones, además de prohibir ciertas suspensiones provisionales de medidas legales que podrían prevenir violaciones de derechos humanos.
Finalmente, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha documentado que al menos nueve defensores de derechos humanos y 15 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en el país, convirtiendo a México en uno de los lugares más peligrosos para quienes luchan por la protección del territorio y el medio ambiente. La administración del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, estigmatizó a los activistas y organizaciones civiles, promoviendo la criminalización de quienes defienden los derechos humanos.
