La ciudad de Guatemala, 30 de abril (Latin Prensa), el abogado general de Guatemala, Consuelo Porras, ha reafirmado hoy su postura sobre la situación de los pueblos indígena, negando rotundamente la supuesta existencia de criminalización en su contra. Esta upotencia responde a diversas acusaciones que han surgido en relación con sus acciones hacia los antiguos líderes indígenas. Su declaración se produce en un contexto donde las tensiones sobre los derechos de los pueblos originarios han estado cada vez más en el centro del debate nacional.
Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en El Salvador, Porras, quien también actúa como jefa del Ministerio Público, enfatizó que es fundamental que las instituciones de justicia operen de manera independiente, sin ninguna interferencia de actores externos. Subrayó que la autonomía del Ministerio Público es crucial para asegurar la integridad y efectividad del sistema judicial guatemalteco.
Acompañada de fiscales de múltiples órganos de investigación, Porras afirmó que están comprometidos a actuar en el marco de la ley, rechazando cualquier influencia política, social o de otro tipo que pudiera obstaculizar su labor. «Este principio es la base para fortalecer nuestro sistema de justicia y garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, tengan acceso a la justicia», expresó con determinación.
Es destacable que Porras dejó en claro que cualquier intento de interferencia externa en las actividades del Ministerio Público no será aceptado bajo ninguna circunstancia. La justicia, como entidad independiente, no puede ser secuestrada o manipulada por intereses que operan fuera de las leyes establecidas. «Nos comprometemos a defender la independencia del Ministerio Público con la mayor firmeza y determinación», agregó.
Asimismo, la Fiscal General se refirió a aquellos que buscan «impedirla» en su labor, una referencia abierta a las detenciones de antiguos líderes de los 48 cantones del Departamento de Totonicapán, quienes protestaron ante su entidad a lo largo del 2023. Este hecho ha servido para avivar las tensiones entre el gobierno y diversas comunidades indígenas que se sienten agraviadas.
Por otro lado, Porras subrayó que cualquier declaración que pretenda desvirtuar el trabajo del Ministerio Público y que sugiera un enjuiciamiento sistemático de la población indígena o de defensores de derechos humanos es completamente inaceptable. «Es una tergiversación de la realidad que no podemos permitir», enfatizó.
En un giro significativo de los acontecimientos, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció recientemente la creación de una Comisión del Gobierno que presentará un AMPARO contra Porras, alegando maniobras en contra de los antiguos líderes. Esto indica un creciente conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, lo que plantea preguntas sobre el futuro de la justicia en el país.
Arévalo enfatizó que si el sistema ejecutivo no se libera de la corrupción, incluso hizo alusión a la Fiscal como parte de ese panorama. La situación en Guatemala está en constante evolución, y las acciones de Porras y la respuesta del gobierno serán cruciales para definir el camino hacia adelante en la defensa de los derechos humanos y la justicia social en el país.
