Un juez estadounidense utiliza a enemigos extranjeros como justificación para deportar a migrantes.

Washington, 1 de mayo. (Europe Press) – Un juez federal del sistema judicial de Estados Unidos ha dictaminado que el expresidente Donald Trump ha incurrido en ilegalidades al usar la ley de enemigos extranjeros, una legislación datada del siglo XVIII, para facilitar la deportación de migrantes venezolanos que supuestamente están conectados a redes delictivas. Este fallo representa un significativo revés legal en el contexto de esta controvertida política de inmigración.

El magistrado Fernando Rodríguez, quien fue seleccionado para su cargo por Donald Trump en el distrito sur de Texas, ha encontrado que la administración no posee la autoridad legal para llevar a cabo arrestos y desalojos como los que se realizaron en marzo, bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, tal y como reporta la cadena de noticias CNN.

En su resolución, el juez subrayó que el presidente no puede invocar esta norma de manera unilateral. Se mostró claro en que las condiciones que se alegan para justificar su uso no son suficientes y que la separación de poderes y la supervisión a la que debe someterse el Ejecutivo no pueden ser ignoradas. El veredicto refleja la importancia de mantener el estado de derecho y la supervisión judicial sobre las acciones del gobierno.

La deportación de más de 200 individuos a El Salvador en marzo generó una serie de litigios que incluso alcanzaron la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, la sentencia del juez Rodríguez es la primera en la que se examina exhaustivamente el caso de esta controversia legal, abriendo la puerta a un análisis más profundo del uso de poderes extraordinarios en tiempos de crisis.

La administración Trump ha defendido en repetidas ocasiones su derecho a aplicar esta ley, argumentando que los individuos involucrados estaban relacionados con el tren Aragua, una organización criminal etiquetada como terrorista. Este argumento ha encontrado resistencia tanto en los tribunales como en la opinión pública, reflejando una polarización en torno a la cuestión de la inmigración y la seguridad nacional.

Históricamente, la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada en solo tres ocasiones en la larga historia de la jurisprudencia estadounidense, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se internó a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de concentración. Este contexto subraya el uso excepcional de la ley y plantea interrogantes sobre los derechos humanos y las libertades civiles.