Caracas, 1 de mayo (Xinhua) – En un nuevo giro de los eventos, el estado venezolano ha elevado al público el desgarrador caso de Maiiklyn Antonella Espinoza, una niña de apenas dos años de edad, quien se encuentra en los Estados Unidos, lejos del calor y la protección de su madre, Yoramente Bernal. Esta situación se vuelve aún más angustiante dado que la madre ha sido deportada por el gobierno del entonces presidente Donald Trump, dejando a la pequeña en una situación de vulnerabilidad extrema.
Las autoridades venezolanas están convencidas de que estas separaciones no son simplemente un procedimiento administrativo, sino actos que configurarán lo que consideran un secuestro y una separación forzada de familias, perpetuada por políticas migratorias severas y, en muchos casos, injustas.
En un paso significativo, Anahí Arizmendi, presidente del Instituto Nacional del Instituto Autónomo para los Derechos de los Niños y Adolescentes (Idenna), se reunió con delegados de UNICEF en Caracas. Durante este encuentro, Arizmendi no solo expuso la situación crítica de Maiiklyn, sino que también exigió que se garantice su retorno inmediato a su hogar en Venezuela, donde su familia podría proporcionarle el amor y la atención que necesita.
Además, la madre y la abuela de la niña estuvieron presentes en la reunión, junto con un funcionario del ministerio público, mostrando así un frente unido en apoyo de la solicitud formal para la recuperación familiar. Este acto no solo representa la voz de la familia de Maiiklyn, sino también el clamor de muchas otras familias migrantes que enfrentan la misma crisis.
Las autoridades venezolanas han hecho sonar la alarma en los últimos meses sobre las graves implicaciones de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que ha sido empleada en los Estados Unidos para justificar la desgarradora separación de familias migrantes. Esta ley ha afectado de manera desproporcionada a muchas familias, especialmente aquellas de origen venezolano, creando un clima de miedo y desesperación.
Después de la reunión, Arizmendi se dirigió a los medios de comunicación locales y describió el caso de Maiiklyn como una violación grave de los derechos infantiles. Hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para adoptar una posición firme contra tales violaciones, denunciando la injusticia que enfrentan muchos niños y familias migrantes. Desde Caracas, se demanda que la comunidad internacional tome acciones multilaterales para restaurar el vínculo familiar entre la niña y su madre, enfatizando que el bienestar de los niños debe ser prioritario en cualquier política migratoria.
