Caracas, 2 de mayo (Sputnik) .- En un anuncio formal, el gobierno de Venezuela ha declarado su decisión de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la controversia territorial que mantiene con Guyana sobre la zona de Esequibo. Este pronunciamiento se produce en un contexto complejo y tenso, y señala la firmeza del país en su posición histórica sobre la disputa.
El comunicado del gobierno venezolano establece que «Venezuela reafirma que, en cumplimiento de su postura histórica, nunca reconocerá ni aceptará la jurisdicción de la CIJ» ni acatará cualquier dictamen que esta corte emita para resolver la controversia territorial en cuestión. Este conflicto se ha intensificado en medio de acusaciones de manipulación política por parte del presidente guyanés, a quien el gobierno de Caracas responsabiliza por complicar aún más la situación.
Recientemente, la CIJ emitió un documento fechado el jueves en el que ordena a Venezuela, mediante el voto mayoritario de sus magistrados, que se abstenga de programar o llevar a cabo elecciones en el área en disputa, que actualmente está bajo la administración de Guyana. La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar, calificando las medidas solicitadas por Guyana como «abusivas e intervencionistas». Venezuela sostiene que la controversia debe manejarse exclusivamente a través del Acuerdo de Ginebra de 1966, considerado un «instrumento legal vinculante» que obliga a ambas naciones a buscar una solución acordada y mutua.
Desde el gobierno de Maduro, se ha reiterado que «nada en la ley internacional otorga a la CIJ la autoridad para interferir en asuntos que son de exclusiva competencia del derecho interno venezolano». Asimismo, se sostiene que no se puede prohibir un acto soberano que esté organizado dentro del marco de su sistema político participativo y en conformidad con la constitución y las leyes nacionales de Venezuela.
El gobierno también ha manifestado con vehemencia que «la Guayana Esequiba es una parte inalienable del territorio venezolano» y que su defensa constituye un mandato legal, histórico y moral que une a la nación bolivariana. En este sentido, se enfatiza que no habrá presión internacional ni litigios foráneos que cambien esta determinación.
Parallelamente, la administración de Maduro ha exigido que el gobierno de Guyana “cese en su intención de posponer las negociaciones directas y se adhiera estrictamente a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra”. En un movimiento que refleja la seriedad de la posición venezolana, se ha programado una fecha para elecciones, el 25 de mayo, para seleccionar gobernadores y representantes parlamentarios para la región de Esequibo, en base al referéndum consultivo llevado a cabo en diciembre de 2023.
A lo largo de más de un siglo, la disputa entre Venezuela y Guyana sobre la soberanía de la región de Esequibo ha sido un tema candente. Esta área, que abarca aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, es rica en recursos, incluyendo vastas reservas petroleras. El tratado firmado en 1966 para encontrar una solución pacífica a este conflicto ha sido desafiado por las acciones de Guyana, que en 2018 llevó esta disputa ante la CIJ, resultando en que el tribunal ratificara un laudo arbitral emitido en 1899, que otorgaba control sobre esa área a Guyana. (Sputnik)
