Presenta una prepropuesta para regular el uso de insecticidas mediante modificaciones en las tareas.

Antes de que finalicen las sesiones ordinarias y el tercer año de la Legislatura, el Comité de Medio Ambiente ha llevado a cabo la aprobación de los documentos identificados como 23,783, los cuales se titulan «regulaciones muy peligrosas de pesticidas para la salud y el medio ambiente». Este desarrollo es un paso significativo en la toma de decisiones legislativas que afectan tanto a la salud pública como al medio ambiente.

La propuesta aprobada ha sido impulsada por la representante adjunta independiente Kattia Cambbonero, y su decisión fue respaldada de manera unánime. Sin embargo, esto llegó tras la aceptación de ciertos cambios en el texto original que había presentado la Legislatura. Este proceso refleja la importancia de la colaboración y el diálogo dentro de la política.

El propósito principal de esta norma es establecer un control más riguroso sobre el uso de pesticidas en los cultivos, además de abordar problemas relacionados con la contaminación del agua. Un ejemplo de esto se observa en Cipreses de Orreamuno, donde la situación ha suscitado preocupación entre la comunidad por el impacto ambiental. La regulación tiene como objetivo proteger tanto al medio ambiente como a la salud de los ciudadanos.

«Se ha negociado con todas las partes involucradas, y el resultado fue un voto positivo de todos los miembros”, afirmó Cambonero. “Nos hemos reunido con todos los sectores involucrados en la importación, lo que nos ha permitido mezclar ideas y llegar a un texto consensuado.” Este énfasis en la negociación es crucial para asegurar el apoyo necesario en iniciativas de esta magnitud.

La Legislatura ha subrayado los cambios que han sido implementados en el texto, destacando que, aunque se intentó mantener la esencia de lo que se propuso inicialmente, era vital llegar a acuerdos que facilitaran el avance de la iniciativa. «Se modificaron algunos apartados del texto; se eliminaron las listas de impuestos relacionados con la prohibición y se estableció un protocolo para la evaluación periódica de los pesticidas calificados como muy peligrosos,» detalló Cambonero.

Un punto relevante a destacar es que se eliminó la exención del impuesto al valor agregado (IVA) para todas las categorías de pesticidas. Sin embargo, finalmente se acordó que se mantuviera la exención solo para aquellos considerados extremadamente peligrosos, reflejando así un enfoque más matizado en la regulación tributaria.

Aunque ha habido avances significativos, es importante resaltar que esta situación podría cambiar a medida que el documento sea examinado por otros miembros del Parlamento, y es muy probable que regrese a discusión con nuevas propuestas a través del Artículo 137. “Se eliminó la disposición, pero seguiremos luchando por obtener la excepción para insecticidas cuya peligrosidad sea reconocida como muy alta,” añadió la diputada independiente.

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La diputada Kattia Cambonero durante una de las reuniones legislativas. Ella es independiente, habiendo dejado previamente un partido liberal. (Foto: Archivo / )

Un Proceso Lento pero Necesario

El proyecto de ley fue presentado originalmente por Cambonero en junio de 2023, y vio la luz con la aprobación de sus medidas en octubre de 2024. Sin embargo, la paralización que existía en el Comité de Medio Ambiente con diversos proyectos hizo que la discusión se demorara, alcanzando finalmente un consenso el 29 de abril, resultando en un dictamen positivo que permitirá su avance hacia la aprobación definitiva.

Respecto a los pesticidas considerados muy peligrosos, se determinó que las entidades responsables, como el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Energía, así como el de Agricultura y Ganadería, serán las encargadas de elaborar y actualizar una lista de pesticidas altamente nocivos para la salud y el entorno. “Esta lista debe incluir tanto los materiales activos de grado técnico como los pesticidas sintéticos que ya han sido prohibidos en otros países”, especifica el texto de la propuesta.

Las empresas involucradas tendrán la obligación de actualizar dicha lista con una frecuencia de dos veces al año, asegurando que las regulaciones reflejen la realidad del uso agrícola y sus peligros asociados.

El objetivo del proyecto es la prohibición de 16 pesticidas clasificados como extremadamente peligrosos, tales como clorotalona, glifosato, paraquat, y fipronilo, entre otros. El texto concluye afirmando que «estos pesticidas, considerados muy peligrosos, estarán prohibidos dado que sus ingredientes activos han sido prohibidos en al menos el 70% de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).»

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