En su reciente informe de trabajo presentado ante la Asamblea Legislativa, el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no escatimó en críticas hacia la Oficina del Ministro de Justicia así como hacia el Judicial. En sus declaraciones, Chaves puso en tela de juicio la legitimidad y el funcionamiento de estas instituciones, haciendo un llamado urgente a transformar profundamente su estructura y manera de operar.
En sus declaraciones, Chaves acusó a los últimos tres fiscales generales de ejercer su autoridad de manera arbitraria y sesgada. Según sus palabras, estos fiscales parecen decidir «solo Dios sabe a qué incentivos se aplican a la ley y quién queda exento de la misma», lo que plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial en Costa Rica. También hizo hincapié en que existe un grave problema con la falta de investigación y condenas en casos de corrupción que involucran a figuras cercanas al partido político en el poder. En este contexto, indicó que «la red de atención opera de manera eficiente, como un reloj suizo de lujo», sugiriendo una protección encubierta para ciertas industrias y grupos de interés.
A lo largo de su discurso, el presidente enfatizó que en la fiscalía «no hay justicia para todos» y que numerosos casos de corrupción «siguen dormidos en el sueño de los justos y nunca alcanzan una condena». Estas afirmaciones se suman a la ya existente tensión entre Chaves y el actual Ministro de Justicia, Carlo Díaz, a quien ha calificado en diversas ocasiones como «corrupto» y «títere de un matón del barrio», lo que refleja un ambiente de confrontación entre el ejecutivo y las instituciones judiciales.
Reclamos al poder judicial
En su intervención, Chaves subrayó que tanto el sistema judicial como la Asamblea Legislativa están entre las instituciones «peor evaluadas» por la ciudadanía y que, desgraciadamente, han sido objeto de un profundo rechazo. Hizo una pressing demand for transformation en el «estado profundo», enfatizando la necesidad de mejorar las leyes que se han vuelto obsoletas y de eliminar los obstáculos que impiden el progreso de los ciudadanos. Esta propuesta no solo busca cambios en la normativa, sino también una revisión completa de los mecanismos que rigen estas instituciones.
El presidente alertó sobre los peligros del modelo costarricense actual y destacó que es crucial «salvar a la población del abuso por parte de aquellos que han infiltrado nuestras instituciones». Además, hizo un llamado a los diputados y magistrados para que reflexionen sobre el legado que dejarán y los instó a no convertirse en cómplices de un sistema que, según él, protege a los «intocables» y permite que «la justicia sea sesgada y manipulada».
Advertencia y daño para editar
Chaves concluyó su discurso con una advertencia contundente: si no se implementan cambios organizacionales significativos en el poder judicial y en la fiscalía, Costa Rica seguirá siendo víctima de intereses y redes que perpetúan la corrupción. Hizo un llamado a los ciudadanos a elegir una Asamblea Legislativa que promueva las reformas necesarias y reiteró que el futuro del país se encuentra en juego, preguntándose sobre la capacidad de limpiar estas agencias «secuestradas por aquellos que las han traicionado una y otra vez».
El discurso de Chaves representa un nuevo punto álgido en la tensión existente entre el ejecutivo y el poder judicial, especialmente en un contexto donde se están abriendo investigaciones contra su propia administración y otros miembros del gobierno, en medio de un clima político cada vez más polarizado.