La maniobra de Carlos Felipe García para revisar en el Secretario del Parlamento deja a Pusc Exchange en crisis.

Los medios de comunicación entrevistaron a los tres protagonistas de la reciente Asamblea Legislativa, quienes fueron elegidos el jueves con una votación que incluyó 28 suplentes, así como un voto en blanco adicional.

Tanto Pacheco como Rojas desmintieron que existiesen acuerdos no oficiales; al mismo tiempo, Hidalgo aseguró que el asunto ya era parte del pasado y que su enfoque prioritario ahora es su campaña política.

«Es incorrecto. Con el candidato presidencial, sólo intercambié mensajes el mismo día que fui nombrado candidato a la primera oficina del delito, y de su parte recibí un mensaje que no contenía solicitud alguna. Al finalizar el día del 1 de mayo, recibí un mensaje de su parte,» declaró Hidalgo al Observador.

«Lo mismo se puede afirmar del jefe del delito en todo momento; la decisión sobre el delito, junto a Felipe, nunca había comprometido ni tomado esa decisión, nunca fue apoyada,» agregó.

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Declaraciones de Hidalgo

Al ser recuperado este lunes, el presidente del candidato de PUSC, cuya ratificación está programada para julio, evitó responder directamente si se realizó alguna solicitud específica.

«Ya he expresado lo que debía sobre el tema, que quedó totalmente claro,» añadió, reafirmando su postura ante el Observador.

El viernes pasado, en un comunicado enviado de manera discreta a los medios, Hidalgo mencionó su frustración ante los acontecimientos ocurridos y se cuestionó sobre la falta de unidad del grupo, que ahora está dividido en dos bandos.

«La desilusión es palpable entre muchos miembros del cristianismo social; hoy muchos se sienten frustrados porque no logramos unirnos en el 1 de mayo,» señaló.

El vicepresidente de PUSC, Carlos Felipe García, se dirigió a la violación oficial tras su elección el 1 de mayo. (Foto: Alonso Solano / The Observer)

El voto polémico

La PUSC se encuentra dividida y fracturada; esto quedó evidenciado el 1 de mayo, cuando la mayoría inicialmente había decidido respaldar a Rojas como candidata para la oficina. Sin embargo, en la mañana del mismo día, otros miembros propusieron el nombre de García como alternativa.

El delegado adjunto afirmó: «Las negociaciones comenzaron el jueves por la mañana, cuando tres miembros del delito me destacaron que existían posibilidades de apoyos hacia mi candidatura». Estos tres suplentes son: Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles y Leslye Bojorges.

Estos, junto con García, potenciaron la propuesta de alternativas. Por su parte, otros legisladores, incluidos Rojas, María Marta Carballo, Horacio Alvarado y Pacheco, optaron por respaldar al subdirector general. Vanessa Castro, por su parte, optó por abstenerse de votar en otra ocasión, favoreciendo a García.

Surgieron acusaciones de «fraude» en el proceso presentado por Rojas.

García respondió: «Aprecio la lealtad del suplente de Rojas, pero si tienes el apoyo de cuatro colegas, o si logramos el consenso interno, eso indica un camino a seguir,» argumentó.

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Carlos Felipe García discutiendo y negociando con varios postulantes durante la elección. Su colega Leslye Bojorge está presente en la imagen.

¿A la corte de ética?

A pesar de las acusaciones de García de fraude dentro del partido, tres suplentes involucrados en este proceso afirmaron no haber considerado llevar el asunto ante la Corte de Ética de PUSC.

«No estoy al tanto de los pensamientos de las compañías y no he pensado en esa posibilidad. El 1 de mayo cada uno asumirá las consecuencias de sus decisiones. Yo continuaré enfocándome en mi trabajo legislativo y en el mandato que recibí,» afirmó Daniela Rojas.

Por su parte, Alejandro Pacheco comentó: «No estoy al tanto de las intenciones de otras personas. Hay que analizar la situación con una actitud calmada.» María Marta Carballo también añadió: «No lo he considerado, y no creo que sea un ejemplo que el partido deba seguir. Pero reitero, como mencioné en el 1 de mayo, fue una clara falta de lealtad.»

Carballo concluyó que «no considero que el fraude denunciado por el normalizador sea solo una falta de ética, sino que puede poner en riesgo los principios que deberían regir todas las relaciones, ya sean políticas, profesionales o personales,».