Buenos Aires, 8 de mayo (Sputnik) .- En un evento que ha capturado la atención de toda Argentina, el Senado Argentino ha actuado este miércoles para rechazar un proyecto de ley conocido como «archivo limpio». Este proyecto proponía que aquellos políticos que hayan sido condenados, particularmente en referencia a delitos de corrupción, no pudieran contender por ningún cargo público. Este asunto es especialmente relevante, ya que tiene implicaciones directas sobre la figura del ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó el cargo de 2007 a 2015 y se encuentra actualmente bajo el escrutinio de la justicia.
«Con 36 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de ley fue finalmente desestimado», declaró el Senado a través de sus plataformas de redes sociales en la noche del miércoles. Este resultado significó que el proyecto no alcanzó el umbral de la mayoría absoluta, que requería al menos 37 votos. Como consecuencia, se complica la posibilidad de candidatura del ex presidente en futuros comicios, dado que su condena ha sido ratificada por la Cámara de Casación Federal, el tribunal penal más alto del país, por el delito de administración fraudulenta.
El rechazo de esta normativa fue celebrado como un triunfo por la principal alianza de oposición, La Unión por la Patria (un partido peronista), que ha visto en este resultado una victoria para su campo político. Resuenan ecos de la disidencia, ya que por ahora, dos representantes de la provincia de Misiones (noreste) habían alineado sus votos con el partido gobernante, estableciendo un equilibrio de poder que sorprendió a muchos.
Interesantemente, este proyecto había pasado por una media sanción en la Cámara de Diputados hace casi tres meses, lo que generó expectativas sobre su posible aprobación. Sin embargo, tras su fracaso, este intento legislativo no podrá ser discutido nuevamente durante el año en curso, cerrando un capítulo significativo en la política nacional.
Durante el intenso debate que se llevó a cabo y que duró más de siete horas, los representantes del Gobierno a cargo de la Unión por la Patria acusaron al equipo gobernante encabezado por Javier Milei de intentar beneficiar su propia agenda política, al intentar posicionar a su propio líder, quien además, funge como vicepresidente en el último gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
El escenario se complicó cuando, el 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó un fallo contra Fernández por un total de seis años de prisión, además de descalificación perpetua para ocupar un cargo público, dictaminada por su participación en irregularidades relacionadas con la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Sur) durante su mandato. Esta condena hiriente ha dejado una marca indeleble en la política argentina, resonando con fuerza en todos los rincones del país. (Sputnik)
