La ciudad de Panamá, 8 de mayo (Latin Prensa) Press Media en Panamá informa en su edición de hoy sobre un fallo importante del Tribunal de Apelaciones en Atlanta, Georgia. Esta corte ha desestimado la demanda civil presentada por el ex presidente Ricardo Martinelli, quien ocupó el cargo de 2009 a 2014, en relación con el principio de especialidad. Este principio es fundamental en las relaciones entre países en materia de extradición y procesamiento judicial.
De acuerdo con los detalles del fallo, esta apelación fue impulsada por la defensa de Martinelli, quien busca contrarrestar las acciones legales que han pasado a un segundo plano desde su extradición. La demanda también involucra a destacados funcionarios estadounidenses, incluyendo al abogado general de los Estados Unidos, el Secretario de Estado, y el ex funcionario Thomas B. Heinemann, lo cual genera un contexto de alta relevancia en el ámbito judicial internacional.
El proceso legal en cuestión comenzó hace aproximadamente dos años, cuando los abogados de Martinelli presentaron su reclamo. Su estrategia era enfocarse en la cancelación de los cargos de lavado de dinero, además de otros casos que estaban emergiendo ante la absolución de Martinelli en agosto de 2019, respecto al escándalo de escuchas telefónicas que le fue imputado anteriormente. Esto se lleva a cabo en el contexto de su regreso a Panamá tras su tiempo en los Estados Unidos.
Informes de medios de comunicación locales, incluidos el canal de noticias TVN y los periódicos La Prensa y La Estrella de Panamá, destacan que el tribunal falló a favor de la corte estadounidense, determinando que Martinelli no logró demostrar que los funcionarios del Departamento de Estado habían cometido errores en la aplicación del principio de especialidad en su caso. Según las decisiones judiciales, Martinelli ya no gozaba de tal principio al momento de enfrentar nuevos cargos.
El fallo también deja claro que Estados Unidos había permitido a Panamá juzgar al ex presidente por delitos adicionales a los cuales ya había sido presentado inicialmente, reafirmando que no se violaron las reglas en este proceso. Esto denota un enfoque firme por parte de la corte en el cumplimiento de las normas legales internacionales, así como para asegurar que los procesos judiciales se desarrollen de manera justa y libre.
Adicionalmente, Martinelli solicitó al tribunal estadounidense que anulara una decisión ejecutiva que autorizó el juicio por lavado de dinero en Panamá, tras su extradición, pero el tribunal respondió que dicha autorización es una función del poder ejecutivo que deriva de las facultades del presidente de los Estados Unidos en asuntos exteriores.
En julio de 2023, Martinelli fue condenado a una pena de diez años y ocho meses de prisión, además de ser obligado a pagar una multa de 19.2 millones de dólares en relación con un nuevo caso de lavado de dinero relacionado con la adquisición de un medio de comunicación privado utilizando fondos del Estado. Esta condena ha tenido repercusiones significativas, ya que resultó en su inhabilitación como candidato presidencial para las elecciones generales programadas para mayo de 2024.
Desde 2024, Martinelli se encuentra refugiado en la embajada nicaragüense en la capital panameña, donde ha permanecido hasta el presente. En su país de origen, pesa sobre él una acusación grave relacionada con el caso Odebrecht, que se considera uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Panamá, resaltando la incesante lucha del país contra la corrupción política y sus implicaciones legales.