La Corte Suprema ha emitido una orden clara respecto a las elecciones, dirigiéndose al Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Esta orden estipula que no se deben realizar variaciones en el modelo de asignación de frecuencias de televisión ni en su uso, hasta que se efectúen las elecciones electorales. Esta decisión es de gran relevancia, ya que la alteración de estas frecuencias puede generar varias complicaciones para las estaciones de televisión actuales.
Según el análisis del organismo electoral, cualquier cambio en este ámbito puede dar lugar a que diversas estaciones de televisión se encuentren en riesgo de dejar de operar o enfrentar condiciones operativas significativamente distintas. Esta situación tiene implicaciones serias, ya que podría restringir el acceso de los votantes a información esencial sobre los procesos electorales y la importancia de las decisiones políticas que se están tomando.
La resolución se fundamenta en una gestión realizada por la sala de radio y televisión nacional, conocida como CANARTEL. Esta sala hizo alusión a la resolución no. 2267-E8-2025, en la cual el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) respondió a una opinión consultiva proveniente de la Cámara Nacional de Radio (Canara). Ambas organizaciones manifestaron su requerimiento de manera similar, abogando por la estabilidad en el modelo de distribución de frecuencias para los medios de comunicación, y resaltando que cualquier modificación no debería ser llevada a cabo en este período crítico.
La solicitud de CANARTEL, al igual que la de Canara, se basa en la premisa de que cualquier cambio en el modelo de premios de frecuencia, específicamente en el contexto de medios de comunicación con señal abierta, no debería producirse. La razón detrás de esta petición es que variaciones en la asignación de frecuencias impactarían negativamente el acceso a información crucial relacionada con el proceso electoral. Además, ambas entidades señalan que el gobierno ha impulsado cambios en la adjudicación de frecuencias y la asignación de concesiones para el uso del espectro electromagnético, lo que representa un desafío a la igualdad de condiciones en la difusión de información vital para los electores.
“La comparación entre estos esfuerzos es esencial, y de acuerdo al artículo 3 del Código Electoral, que establece que las ‘interpretaciones y opiniones consultivas del TSE son vinculantes para todos’, el TSE debe considerar la expansión de su jurisprudencia en relación con las estaciones de radio y el cumplimiento de la ley,” citan las declaraciones del TSE.
Es importante tener en cuenta que en la resolución no. 2267-E8-2025, el razonamiento del TSE se basa en que ejercer el derecho a la voz implica tener acceso a la información. Este aspecto es esencial para garantizar que se mantenga el pluralismo informativo, permitiendo que los grupos políticos dispongan de múltiples plataformas para comunicar sus propuestas y convicciones a la ciudadanía en general.
El TSE ya había emitido alertas similares en la resolución no. 5704-E8-2017, donde advirtió al Micitt durante el mandato del entonces presidente Luis Guillermo Solís, enfatizando que no se podía crear un escenario en el que los electores se quedaran sin acceso a señales de televisión gratuitas durante la transición a la televisión digital.
En la resolución no. 2267-E8-2025, los magistrados reiteraron que su jurisdicción se limita a la organización, dirección y supervisión de los procesos electorales, así como la situación en la que los ciudadanos costarricenses pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones de febrero de 2026. No obstante, no tienen autoridad sobre la corrección legal, la conveniencia o la oportunidad de implementar cambios en las frecuencias. Por lo tanto, explican que aunque el proceso iniciado por el Micitt puede continuar, incluyendo extensiones y renovaciones que correspondan a las disposiciones legales, su implementación se suspenderá hasta que se designen las nuevas autoridades electas.
