Ciudad de Panamá, 10 de mayo (Latin Press) – En un importante desarrollo político, el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien ocupó el cargo del 2009 al 2014, ha viajado recientemente a Colombia. Este movimiento se da después de que Martinelli permaneciera en la embajada de Nicaragua en la capital panameña desde el 7 de febrero de 2024, buscando protección ante las acusaciones que enfrentaba en su país.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, la salida de Martinelli se produjo aproximadamente a las 19:35 horas locales. Esta partida ha sido objeto de atención mediática debido a la naturaleza delicada de la situación política que rodea al ex mandatario.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió una declaración oficial en la que se confirma que el gobierno panameño facilitó la logística necesaria para garantizar la salida segura del ex presidente hacia Colombia, donde se le ha otorgado asilo. Esta decisión subraya las complejas relaciones diplomáticas que existen entre los países de la región.
En particular, el presidente colombiano, Gustavo Petro, comunicó esta información a su par panameño, José Raúl Mulino, en una carta donde se detallan las circunstancias del asilo y se enfatiza el compromiso de Colombia con el principio de protección humanitaria.
El gobierno panameño, según la nota, colaboró en asegurar una conducción adecuada para Martinelli, permitiendo que él utilizara un aeropuerto local y posteriormente volara a Bogotá. Esta acción ha sido vista como un reflejo de las dinámicas políticas en juego, ya que le brinda al ex mandatario una nueva oportunidad de vida fuera de su país.
En otro contexto, la diplomacia colombiana destacó en una declaración que la concesión del asilo se fundamenta en la tradición humanitaria del país de protección a individuos perseguidos por razones políticas. Sin embargo, dentro de Panamá, hay voces críticas que sostienen que Martinelli enfrenta serias acusaciones legales. Varios juristas y analistas del ámbito legal resaltan que, en su país natal, el ex presidente fue condenado en julio de 2023 a una larga pena de prisión, que incluye diez años y ocho meses tras las rejas, además de una multa significativa de $19.2 millones por delitos de lavado de dinero relacionados con la compra irregular de un medio de comunicación utilizando fondos públicos.
Esta condena y las acusaciones subsecuentes han provocado que Martinelli se encuentre impedido de postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2024. Desde su refugio en la embajada nicaragüense, ha buscado resguardarse de un retorno que podría implicar graves consecuencias legales. Entre las acusaciones más significativas en su contra se encuentra el escándalo de Odebrecht, conocido como el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá, donde se le imputa un papel activo en el lavado de dinero y otros delitos relacionados.
Este contexto revela el intrincado panorama político que enfrenta el país, donde el pasado de sus líderes como Martinelli continúa generando debate y polarización en la opinión pública. La situación de Martinelli, así como su reciente movilidad hacia Colombia, suscita inquietudes sobre el futuro del sistema legal panameño y la justicia para aquellos involucrados en casos de corrupción.
