Recientemente, el Frente Amplio ha presentado un ambicioso proyecto de ley que tiene como finalidad ofrecer a aquellos que se encuentran en situación de jubilación la posibilidad de recibir sus pensiones complementarias obligatorias (ROPC) en un periodo de dos años, en lugar de extender estas entregas a lo largo de toda su vida como pensionistas. Este nuevo enfoque busca transformar la manera en que los jubilados manejan sus ingresos, brindando mayor flexibilidad y apoyo económico en un momento de transición importante.
El alcance de este plan se limitaría específicamente a los pensionistas que hayan comenzado a recibir sus pagos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029. Este marco temporal ha sido elegido cuidadosamente para abordar las necesidades de un grupo particular de jubilados que podrían beneficiarse de un apoyo financiero más inmediato. La iniciación de esta propuesta será evaluada detenidamente en la autoridad legislativa bajo el documento número 24,972, generando un debate que permitirá analizar pros y contras de esta modificación.
El portavoz de esta iniciativa es la subsecretaria general, Rocío Alfaro, quien ha manifestado que esta medida responde a la situación económica complicada que enfrenta Costa Rica, influenciada por conflictos internacionales como la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la creciente inestabilidad en el Medio Oriente. Este contexto global ha complicado no solo la economía costarricense, sino también las condiciones de vida de sus ciudadanos, en particular, de aquellos que dependen exclusivamente de sus pensiones.
Según declaraciones de la subsecretaria Alfaro, al permitir que los pensionistas reciban el ROPC durante un lapso de dos años, se asegura que no habrá un impacto significativo en el crecimiento de los fondos a largo plazo. Esto es un punto importante, ya que muchas críticas sobre este tipo de propuestas giran en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro. Sin embargo, se argumenta que la inyección temporal de recursos podría traducirse en un beneficio para los pensionistas, permitiéndoles acceder a mayores recursos de manera más inmediata.
Este plan ha sido establecido con la intención de que los recursos disponibles sirvan no solo para el sustento de los jubilados, sino también para permitirles participar en actividades productivas o laborales, aunque ya estén disfrutando de su pensión. De esta manera, se busca fomentar un entorno donde los pensionistas puedan continuar contribuyendo a la sociedad y, a su vez, mejorar su calidad de vida.
Es relevante mencionar que el 1 de abril de 2025, se aceptaron reformas significativas al régimen de ROPC, las cuales permiten a los jubilados afrontar enfermedades graves. Este tipo de reformas son cruciales en un contexto donde la salud y el bienestar de las personas de la tercera edad deben ser prioridad. Sin embargo, el control de pensiones ha manifestado sus reservas sobre este tipo de medidas, expresando que los pagos anticipados podrían comprometer los ingresos futuros de los pensionistas, lo que ha llevado a un debate frenético entre legisladores, economistas y ciudadanos acerca de la sostenibilidad de estos futuros pagos.
