San Salvador, 13 de mayo (Latin Press) En un informe alarmante, se ha dado a conocer que cerca de 400 personas sometidas al régimen excepcional en las cárceles de El Salvador han perdido la vida, según lo expuesto por la Organización Humanitaria de Alivio Legal (SJH) en sus declaraciones más recientes.
Desde la implementación de este régimen de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022 y ha sido prorrogado en 38 ocasiones, las estadísticas apuntan a un total de casi 86 mil detenidos en diversas instituciones penitenciarias alrededor del país. La gran mayoría de estos detenciones se debe a que son miembros o presuntos cómplices de grupos pandilleros.
El SJH comunicó: «Lamentamos profundamente informar sobre la víctima mortal número 396 del sistema criminal de El Salvador. Es trágico que 396 salvadoreños hayan fallecido bajo la custodia del estado sin haber tenido el derecho a un juicio justo». Esta situación resalta una grave preocupación sobre el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penal salvadoreño.
Adicionalmente, se han divulgado informes que revelan que un 94 por ciento de los prisioneros no presentan un perfil de pandilleros, es decir, muchos de ellos han sido arrestados sin justificación clara y han enfrentado condiciones injustas una vez privados de libertad. Este dato es fundamental, ya que sugiere que la detención de estos individuos no se basa en evidencias concretas de culpabilidad, lo que vulnera aún más sus derechos legales.
Ingrid Escobar, directora de Legal Socorro, enfatizó que «no es aceptable que las personas mueran sin el derecho a ser escuchadas y sin la posibilidad de ser defendidas legalmente». Ella subrayó la naturaleza brutal del sistema penitenciario actual, afirmando que es cruel e inhumano, y que se requiere una investigación exhaustiva para abordar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Las voces de las organizaciones de derechos humanos son más importantes que nunca en este contexto, exigiendo rendición de cuentas y justicia.
El estado de las cárceles en El Salvador refleja no solo un problema de justicia, sino también una crisis humanitaria que necesita atención inmediata. La comunidad internacional ha comenzado a prestar atención a esta situación, y las voces críticas continúan creciendo, demandando reformas que respeten la dignidad humana y protejan a todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal o acusaciones en su contra.
