Washington, 14 de mayo (Latin Prensa) En un desarrollo sorprendente, se ha informado que el gobierno de Donald Trump podría haber deportado a un número considerablemente mayor de personas en los Estados Unidos tras el establecimiento de una Megacárcel en El Salvador. Esta situación ha inquietado a los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que muchas más personas han sido detenidas y deportadas de lo que sugiere la información oficial disponible.
Recientemente, una lista proporcionada por CBS incluye los nombres de 238 individuos que fueron suspendidos por la administración Trump el 15 de marzo. Dicha lista ha sido criticada por ser incompleta, ya que no refleja todos los casos de deportaciones que han ocurrido desde entonces. Según estos defensores, la ley de enemigos extranjeros de 1798, a la que se hace referencia, se ha convertido en un instrumento para acelerar y justificar acciones drásticas contra los inmigrantes.
Entre los afectados se encuentra Ricardo Prada, un migrante venezolano que había iniciado su proceso de solicitud de asilo utilizando la aplicación CBP One, un sistema implementado bajo la administración de Joe Biden. Ricardo había estado viviendo y trabajando en Detroit, Michigan, ganándose la vida como distribuidor. Sin embargo, un desafortunado error administrativo lo llevó a cruzar accidentalmente a Canadá. Cuando intentó regresar a los Estados Unidos a través del túnel Detroit-Windsor, fue detenido por las autoridades de inmigración, lo que desencadenó su proceso de deportación. Desde entonces, no se conocen detalles sobre su paradero.
Varias organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación de que la administración republicana podría haber transferido a un número todavía mayor de personas al Centro de Terrorismo (CECOT) en el país centroamericano, y estas cifras no están oficialmente documentadas. Esto crea una atmósfera de incertidumbre y temor, ya que los familiares y amigos de los deportados no saben cómo localizar a sus seres queridos.
“A medida que emergen nuevos casos de desapariciones, es alarmante que no todos los nombres que aparecen en los medios estén registrados en la lista original. Eso nos lleva a suponer que muchos otros han sido enviados al Cecot”, afirmó el fundador del Venezolan Caucus, quien también desempeña un papel crucial como director ejecutivo de la organización.
Grupos de derechos humanos argumentan que estos arrestos no solo atacan el debido proceso, sino que pueden considerarse como «desapariciones forzadas». Este tipo de violaciones ocurren cuando las autoridades privan a un individuo de su libertad sin proporcionar información sobre su estado o ubicación actual, lo que crea un vacío de información aterrador.
Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que tiene información sobre más de cien venezolanos que creen haber sido detenidos en el CECOT, un lugar donde se temen violaciones a los derechos humanos. “El destino y la situación de al menos 245 venezolanos y aproximadamente 30 salvadoreños que fueron transferidos a El Salvador sigue siendo incierto”, comunicó la ONU.
La controversia se intensifica en medio de un contexto en el cual la administración Trump ha hecho un uso extensivo de una ley de más de 200 años para acelerar deportaciones de personas consideradas peligrosas, incluido el grupo delincuencial llamado Tren Aragua. La legalidad de estas acciones ha sido cuestionada, y un juez federal dictaminó el 6 de mayo que el uso de esta autoridad de la era de la Guerra Civil es, de hecho, ilegal. La situación se desarrolla como un delicado objetivo político y legal que sigue mereciendo atención.
