Caso de seguimiento oculto: estas son las acciones que enfrentan los denunciados.

La Oficina del Fiscal Adjunto de Probabilidad, Transparencia y Anti-Corrupción (FAPTA) ha emitido un aviso de precaución en relación con los cuatro acusados detenidos el pasado martes. Estos individuos están implicados en investigaciones sobre la supuesta Comisión de Irregularidades asociadas con el piso de emergencia del aeropuerto de Liberia, Guanacaste. Este caso ha despertado una creciente preocupación tanto en el ámbito judicial como en el público en general, dado el impacto que puede tener en la confianza en las instituciones gubernamentales.

El FAPTA, en el contexto de este caso, ha solicitado al Tribunal Penal de Finanzas y la función pública que impida a Castillo, Villalobos y Picado salir del país. Además, se ha encargado de establecer diversas medidas restrictivas, como la obligación de firmar una vez al mes, la prohibición de cualquier contacto con los testigos involucrados, y la restricción de perturbar o ingresar a instituciones clave como la Comisión Nacional de Emergencias, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estas medidas son esenciales para garantizar que la investigación se lleve a cabo sin interferencias y para proteger la integridad de la información que pueda surgir durante el proceso.

En relación con estos acusados, también se ha determinado que es necesario suspender sus posiciones laborales, lo cual añade un nivel adicional de seriedad a la situación. Las investigaciones se centran en el caso 24-000454-1218-pee, que está relacionado con una serie de presuntas irregularidades en la liberación de fondos de emergencia destinados a rehabilitar el piso de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste. Este aeropuerto es un punto crucial para el turismo y el comercio en la región, y cualquier irregularidad en su administración puede tener repercusiones significativas.

De acuerdo con los documentos presentados por el cuerpo de acusación, se señala que la justificación de la emergencia fue presuntamente falsificada. Se argumenta que el daño encontrado en la pista fue atribuido erróneamente a fenómenos naturales, como la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales que se dejaron sentir en 2022. Sin embargo, las investigaciones revelan que los daños ya existían antes de que ocurrieran dichos fenómenos, lo que sugiere una manipulación deliberada para acceder a los fondos de emergencia.

Este escenario permitió alterar una decisión ejecutiva e incluir a Liberia dentro del programa de emergencia nacional, facilitando así la concesión de un contrato por un monto de $39.9 millones a la empresa constructora MECO S.A. La liberación de los fondos de emergencia simplificó significativamente los procedimientos necesarios para realizar las obras, requiriendo que se completaran en el menor tiempo posible. Esto implica no solo la disponibilidad inmediata de recursos financieros, sino que también elimina la necesidad de una aprobación previa por parte del controlador general de la República, lo que podría haber ejercido un control adicional sobre el gasto público.

Además de los mencionados, Castillo, Villalobos, Battle y Picado, se han incluido en la lista de investigados otras diez personas. Entre ellas se encuentran individuos como Van Naranjo Elizondo, ex Director de Aviación Civil; Amador Jiménez, ex Ministro de Obras Públicas y Transportes, quien ya ha sido objeto de investigaciones por parte de la Oficina del Fiscal General; y otros funcionarios relevantes en el sector de la aeronáutica civil. Esta amplia red de personas involucradas subraya la gravedad de las acusaciones y el alcance de los posibles actos de corrupción que están bajo escrutinio. La justicia deberá seguir su curso para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.