Santa Cruz (Bolivia), 15 de mayo (Sputnik) .- En una declaración reciente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo en el poder desde 2006 hasta 2019, ha afirmado que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tienen la autoridad para destituirlo de su posición. Esta situación ha suscitado un considerable debate sobre la interpretación legal de la Constitución boliviana y el alcance de las competencias del TCP.
Morales destacó que los magistrados del TCP habrían modificado el artículo 168 de la Constitución sin contar con la competencia necesaria para realizar tales cambios. Según el expresidente, la modificación de la Constitución debería ser una prerrogativa exclusiva del cuerpo legislativo, así como de un congreso constituyente o a través de un referéndum que cuente con la aprobación de una ley adecuada.
En su discurso, Evo Morales subrayó que la decisión del TCP emitida recientemente establece que ningún ciudadano boliviano puede ocupar los cargos de presidente o vicepresidente durante más de dos periodos consecutivos. Esta resolución ha levantado numerosas críticas, en especial por parte de sus seguidores, quienes ven en esta medida una forma de limitar la participación de líderes políticos que han sido escogidos por el electorado.
El antiguo mandatario también hizo hincapié en que cinco de los nueve magistrados del TCP habían visto culminar su mandato el 31 de diciembre de 2023, lo que podría interpretarse como un conflicto de interés en la mencionada decisión. Morales no dudó en calificar a estos magistrados como ‘magistrados de facto’, insinuando que su permanencia en el tribunal es cuestionable y carece de legitimidad.
Es importante contextualizar esta situación en el marco de la historia reciente de Bolivia, donde las tensiones políticas han estado a la orden del día. La relación entre el poder judicial y el ejecutivo ha sido particularmente tensa, especialmente en un país que ha visto profundos cambios políticos en las últimas décadas. Muchos ciudadanos están preocupados por la independencia del poder judicial y su capacidad para actuar sin presión política externa, lo que se vuelve aún más relevante en el escenario actual.
La incertidumbre respecto al futuro político de Bolivia es palpable. Mientras Morales defiende su legado y su derecho a un nuevo mandato, sus oponentes argumentan que es indispensable respetar las normas establecidas para garantizar la democracia en el país. Este debate no sólo afecta a los actores políticos directos, sino que también toca las fibras sensibles del electorado boliviano, que cada vez busca una mayor transparencia y justicia en los procesos electorales.
