Construir más de 24.000 viviendas en cuatro años para las familias en situación de pobreza y la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) son parte de las metas que la presidenta electa de la República, Laura Fernández Delgado, se propuso para su futura gestión.
Las estrategias están siendo consideradas en el plan de gobierno del Partido Soberano del Pueblo (PPSO), 2026-2030, grupo político que gobernará el país durante los próximos cuatro años.
En el apartado «ciudades y hogares para todos», Fernández pidió modernizar el sector vivienda a partir de una revisión institucional para satisfacer las necesidades básicas de la población costarricense.
El documento oficial destaca que para la asignación de las nuevas viviendas en base a, Se dará prioridad a familias con adultos mayores, discapacitados, menores y aborígenes.
Por otro lado, la propuesta contempla el otorgamiento de certificados de vivienda utilizando el sistema de información nacional y un registro único de beneficiarios del gobierno de Costa Rica (Sinirube). priorizar la vivienda y la ubicación de proyectos habitacionales.
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Gestión estratégica
Aunque el plan del gobierno no especifica dónde se congregarán estos 24.000 hogares, El capítulo habla de gestión estratégica. y mayor financiación para viviendas sociales, principalmente en el Caribe.
También se refiere a promover la cobertura de programas destinados al mejoramiento y reparación de viviendas, así como mejorar su accesibilidad en las clases medias y jóvenes a través de «Vivienda para todos»
La campaña pretende conseguir acceso a una vivienda bajo el rubro alquiler, alquiler de casa o alquiler con opción a compra.
Interconexión de datos entre instituciones públicas como municipalidades, asadas, prestadores de servicios públicos y otros, se pueden encontrar en las líneas de acción.
El plan se refiere a promover una planificación urbana ordenada y adaptados al cambio climático a través de asistencia técnica y facilitar recursos en el proceso de modernización de los programas regulatorios.
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Reforma legal
La propuesta del presidente electo prevé una reforma legislativa para «agilizar los procesos de implementación de proyectos de vivienda social«.
Una de las iniciativas corresponde a la reforma de la ley de contratación pública donde se propone introducir un capítulo dedicado al desarrollo de proyectos de vivienda social.
Según Fernández, se busca transparencia en el procedimiento, eficiencia en el uso de los recursos públicos y reducción del tiempo de contratista y construcción.
Asimismo, buscamos brindar más fondos a la política de vivienda desde el uso de otros sistemas de financiación basado en la formación de más y mejores alianzas público-privadas.
A través del plan «Hagamos la ciudad», se propone que tanto el departamento ejecutivo como Municipios buscan repensar los espacios públicos en las ciudades para promover la recreación.
Por otro lado, el programa analiza el potencial constructivo de los territorios a partir de la creación e implementación de la figura Condominio Agrario y de Vivienda Rural. para dar respuesta a las necesidades constructivas de los municipios.
Finalmente se propone una estructura programas de renovación urbana desde modelos de desarrollo inmobiliario hasta regularizar y formalizar asentamientos informales basados en el modelo de vivienda social de participación comunitaria.
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