Brasilia, 29 de julio (Press Latina), la diputada Carla Zambelli, experta en el ex presidente Jair Bolsonaro, fue arrestada en Italia hoy y debe ser extraditada a Brasil, según la información confirmada por la Policía Federal (PF).
La esposa del Congreso, que ha estado fuera del país desde el comienzo de las investigaciones contra los aliados de Bolsonaro, está ubicada por las autoridades italianas después de una solicitud de cooperación internacional.
La policía italiana ha cumplido su arresto, pero el PF será responsable del proceso de extradición, que se espera que se lleve a cabo dentro de las próximas 48 horas.
Zambelli fue transferida a una estación de policía local, donde la retienen esperando su proceso de entrega.
En la red social X, el diputado italiano Angelo Bonelli afirmó proporcionar a la policía del país para la dirección donde se encontraba la política brasileña.
La defensa de Zambelli lo niega. El arresto tiene lugar en medio de una ofensiva de la justicia nacional contra los congresistas y ex miembros del apoyo flexible a Bolsonaro, quienes están siendo investigados por tratar de socavar el estado de derecho democrático.
En el caso de Zambelli, las posiciones están relacionadas con el supuesto uso de empresas tecnológicas para atacar a las instituciones democráticas, así como a la violación de las telecomunicaciones secretadas por el Tribunal Federal más alto.
La legislatura ya estaba sujeta a precauciones anteriores, incluida la búsqueda y la incautación, así como el bloqueo de sus cuentas de redes sociales. Desde entonces se ha quedado fuera del país.
Por unanimidad, la primera sala condenada en junio confesó al Partido de Bolsonaro a diez años de prisión, inicialmente en un régimen cerrado, la pérdida del mandato parlamentario (que será declarado por la Cámara de Delegados después de la sentencia final) y la descalificación.
La acusación de que Zambelli empleó los servicios de un pirato informático y le prometió.
El Ministerio Público Federal cita un informe de PF que confirma que el hacker «trabajó para el acusado (Zambelli), y debe tenerse en cuenta que tiene acceso a la información a sitios web y servidores asociados con el MP».
La queja afirma que el pago estaba oculto, es decir, oculto, en un intento por cubrir la relación, y realizado por un tercero: un empleado de la oficina de Zambelli, que no fue acusado en el caso.
El vicepresidente y digital intruso también debe pagar una compensación de dos millones de reales (alrededor de $ 345 mil dólares) por daño moral y colectivo.