Recientemente, tras una declaración del presidente Rodrigo Chaves, se desató una controversia significativa en el ámbito legislativo. Este conflicto se centró en la facturación del Canon de radio y televisión, un tema que amenazó con sumergir a la sesión legislativa en una metáfora de «oscuridad». La respuesta del Parlamento ante esta situación fue inmediata y marcada por la tensión.
La diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, expresó su enojo y cuestionó la advertencia que hizo Chaves, comunicándose inicialmente con antes de materializar sus preocupaciones en el ámbito político del miércoles dentro del Parlamento. La legisladora argumentó con firmeza que, si el país realmente estuviera atravesando una “oscuridad”, la culpa recaería directamente sobre los hombros del presidente, no del Parlamento.
“Si la nación está experimentando oscuridad, es su responsabilidad. Todo está en sus manos para solucionarlo”, sostuvo Rojas, aludiendo al deber del presidente en este proceso. Insistió en que las soluciones no provienen de la coerción, sino de la búsqueda de consensos que permitan avanzar en la legislación de manera constructiva. En ese sentido, mencionó que las propuestas que están a la espera de ser evaluadas por el Comité de Gobierno y Gestión son parte de un proceso deliberativo que requiere cordialidad y colaboración.
Uno de los proyectos que se están considerando fue presentado por la Comisión y propone un sistema de recaudación porcentual que iguale los ingresos corporativos a lo largo del tiempo. La diputada resaltó que el potencial impacto en la infraestructura de medios estaba directamente relacionado con las decisiones tomadas en el Parlamento, haciendo referencia a los propietarios de importantes canales de televisión, como Teletica.
En una de sus intervenciones, Chaves subrayó que no se extenderán los plazos hasta septiembre para que los habitantes de Costa Rica conozcan la situación económica y política actual. «Vamos a mostrar a los ciudadanos de Costa Rica dónde están sus intereses, sus billeteras y sus corazones», aseguró, enfatizando la urgencia en abordar estos temas.
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Alvarado espera que el asunto se resuelva de la mejor manera posible.
Escritorio
En otra parte del debate, el proyecto presentado por Óscar Izquierdo del partido libertario, el cual no cuenta con el respaldo del gobierno, se destacó. El Ministro de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, dejó claro el miércoles que esta iniciativa podría no ser favorable. Según Bogantes, el proyecto podría generar un impacto significativo en la creación de empresas, manifestando que se prevé un crecimiento de 3.5 millones de empresas anuales. Sin embargo, esta propuesta pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que dependen de un porcentaje considerable de sus ingresos.
Álvaro Alvarado, presidente del Gobierno y del Comité de Gestión, compartió con que ya se encuentra en conversaciones sobre la urgencia de establecer un banco de trabajo para facilitar la búsqueda de un acuerdo en torno a esta problemática. Comentó que han estado debatiendo la necesidad de generar un espacio de entendimiento entre todas las partes involucradas para garantizar un futuro más sostenible y equitativo en el sector de los medios.
“Estamos comprometidos en buscar un texto que satisfaga a todos. Hay que abordar los desafíos actuales, los cuales implican no solo la regulación, sino también la viabilidad económica de la tarifa que se impone.”, agregó Alvarado, subrayando la importancia de actuar con prontitud.
El objetivo común es solucionar esta situación para septiembre, asegurando que las concesiones que las empresas de radio y televisión poseen en Costa Rica, que vencen el 28 de julio de 2024, se encuentren adecuadamente resueltas. No obstante, el Gobierno ha decidido extender este plazo 15 meses más, hasta septiembre de 2025, para facilitar un proceso más completo y efectivo en la búsqueda de soluciones.
