El presidente Rodrigo Chaves ha expresado una postura contundente al advertir que si los legisladores de la oposición impulsan el proyecto titulado «la reforma de la ley 8,754, ley contra el crimen organizado para fortalecer el papel de la administración de la controvertida jurisdicción», que comúnmente se conoce como capitales emergentes, él no dudará en ejercer su poder de veto.
El presidente fue más allá al mencionar su negativa a apoyar legislaciones que consideren la extinción del dominio si no se ajustan a las normas que él ha estipulado. «Por ejemplo, imaginen que Carlo Díaz Utility afirma que estos cinturones, estos zapatos, relojes, y hasta el dinero en el banco, provienen de actividades ilícitas. ¿Por qué deberían poder quitárselos sin tener pruebas claras?», argumentó Chaves.
En fecha 31 de marzo, se presentó un documento que llevaba el número de proyecto 22,834. Este proyecto, introducido durante el mandato del expresidente Alvarado, otorgaba a las autoridades el poder de congelar activos que se sospechaba provenían de actividades criminales. Esta medida se enmarca en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado se ha vuelto prioritaria.
La propuesta fue respaldada por un voto de 25 legisladores de varios partidos, incluyendo la Libertad Nacional, el Frente Amplio, y la Unidad Social Cristiana, así como por la bancada del Progreso Social Democrático representada por Luz Mary Alpi y la independiente Gloria Navas. Sin embargo, se encontró resistencia considerable de la parte del partido gobernante, Nueva República, y también de los liberales progresistas, quienes manifestaron reservas sobre algunos elementos del texto legislativo.
El diputado liberal progresivo Eli Feinzaig ha manifestado críticas contundentes respecto al proyecto, especialmente sobre las modificaciones realizadas a los borradores que han circulado. (Archivo/ foto del Observador)
Dudas
La propuesta legislativa tiene implicaciones importantes, ya que permite a las autoridades congelar o incautar productos y activos financieros de cualquier individuo o comunidad que esté bajo investigación, incluso antes de que se presente una queja formal. Este mecanismo busca proporcionar a las entidades gubernamentales herramientas adicionales en su lucha contra el crimen organizado.
El proceso implica que los activos se congelarían en un plazo de 30 días y se les otorgaría a los afectados un lapso de tres días para demostrar el origen legítimo de los mismos. Esta medida ha suscitado una serie de preocupaciones y cuestionamientos entre los legisladores. Cambios en el proyecto original han incluido la eliminación del umbral económico que establecía condiciones para que se pudiera proceder al congelamiento de activos.
Numerosos legisladores, incluyendo a los progresistas como Pilar y Eli Feinzaig, han expresado sus serias inquietudes sobre este proyecto de ley, advirtiendo que podría facilitar abusos de poder por parte de las autoridades. Durante la primera discusión de la propuesta, se sugirió enviar el documento al Comité de Seguridad y Drogas para su revisión y mejorar el texto; sin embargo, la falta de apoyo mayoritario resultó en que esta idea fuera desechada.
