El 15 de abril, Lima fue testigo de un fallo contundente del sistema judicial peruano cuando el juez Nayko Coronado dictó una condena de quince años de prisión contra el ex presidente Ollanta Humala, quien lideró el país entre 2011 y 2016, y su esposa, Nadine Heredia. Esta sentencia se relaciona directamente con un escándalo de lavado de dinero vinculado al financiamiento ilegal del Partido Nacionalista Peruano en las elecciones de 2006 y 2011.
Como parte de la resolución emitida, se determinó que Humala y Heredia serán trasladados a la prisión de Barbadillo en Lima, donde ya se encuentran otros ex presidentes como Alejandro Toledo y Pedro Castillo, ambos en prisión preventiva por causas similares. Este caso no solo marca un hito en la vida del ex mandatario, sino que también pone sobre la mesa las profundas implicaciones de corrupción en la política peruana contemporánea.
Durante la lectura de la sentencia, el juez Coronado destacó que el delito cometido por la pareja fue agraviado por la contribución irregular de fondos proveniente del régimen del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. En esta misma causa, el hermano de Heredia fue condenado a una pena de 12 años, aumentándose así la gravedad de la situación en torno al círculo cercano de la pareja presidencial.
Es importante señalar que las condenas se calcularán en función del tiempo que los acusados han pasado en prisión preventiva. En el caso de Humala y Heredia, este período se limita a nueve meses, lo que implica que su nuevo tiempo de encarcelamiento se extiende hasta finales de julio de 2039, según lo indicado por la estación peruana RPP.
En este contexto, otros cuatro implicados también fueron condenados con penas que varían entre cuatro y ocho años de prisión. Entre los sentenciados, se incluye a Antonia Alarcón, la madre de la ex primera dama, y una amiga cercana, quienes recibieron financiamiento proveniente de Venezuela para las campañas electorales mencionadas.
Adicionalmente, se impuso al Partido Nacionalista Peruano una multa de cerca de 53,500 soles (más de 12,000 euros) por estar involucrado en el esquema delictivo. Humala y Heredia, por su parte, deberán pagar una suma de aproximadamente diez millones de soles (más de 2.360 millones de euros) al estado peruano, una cifra que refleja la magnitud de las irregularidades financieras detectadas.
Las autoridades fiscales habían solicitado penas aún más severas, de 20 y más de 26 años de prisión para Humala y su esposa, respectivamente, basándose en la omisión de reportar más de tres millones de dólares que recibió de la constructora Odebrecht durante la campaña electoral de 2011, que lo llevó a la presidencia.
El caso de Odebrecht es fundamental para entender el fenómeno de la operación Lava Jato, que comenzó en Brasil y se ha expandido a lo largo de toda América Latina, involucrando a múltiples gobiernos en una compleja red de corrupción que ha sacudido las estructuras políticas de la región.
