San Salvador, 5 de marzo (Sputnik) .- En el contexto actual de la migración forzada debido a diversas crisis en varios países latinoamericanos, la situación de los migrantes venezolanos ha cobrado relevancia. En este sentido, la alianza más significativa de las organizaciones sociales en El Salvador, conocida como el bloque de resistencia y la rebelión popular (BRP), ha tomado la iniciativa de presentar un reclamo formal ante las autoridades judiciales del país. Este reclamo busca declarar la inconstitucionalidad de las acciones del gobierno salvadoreño, que ha decidido enviar a un grupo de emigrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a una prisión de alta seguridad.
El BRP expresó en un comunicado que «en la demanda, exigimos que los actos del organismo ejecutivo sean declarados inconstitucionales con respecto a la recepción de ciudadanos venezolanos de los Estados Unidos para hacer frente a la crisis de sobrepoblación en este país a cambio de un pago o beneficio económico». Estas declaraciones resaltan la preocupación por la situación humanitaria de los migrantes, quienes, al ser deportados, se ven atrapados en un ciclo de violaciones a sus derechos.
El colectivo no se detuvo ahí. Solicitaron a los poderes judiciales del país que se efectúe la liberación y repatriación inmediata de los migrantes, a quienes se les ha retenido de manera incorrecta y que sufren un endurecimiento de la situación debido a su condición de migrantes. Esto incluye a varios venezolanos que se encuentran actualmente detenidos en el centro penitenciario más severo de El Salvador.
La demanda también subraya las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los migrantes. Se detalla que muchos de estos individuos permanecen encarcelados sin haber sido escuchados por ningún tribunal y en numerosos casos, sin pruebas que evidencien su involucramiento en delitos. En su declaración, el bloque enfatizó: «Decimos que en este caso no existe un tipo de limbo legal, existen acciones concretas que violan derechos fundamentales como la libertad y la dignidad humana, entre otros. La sala constitucional debe actuar conforme a la Constitución».
Este documento argumenta que el encarcelamiento de migrantes va en contra de lo estipulado en la Constitución respecto al derecho a la libertad personal, la igualdad y la no discriminación. Además, resalta el principio de legalidad y el debido proceso, así como el artículo que específica que solamente los órganos judiciales pueden imponer sanciones. El incumplimiento de estos derechos fundamentales es algo que el BRP ha cuestionado vehementemente.
Asimismo, el BRP puso de manifiesto que el acuerdo establecido entre el gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos para la deportación no cumple con las normativas para la implementación de tratados internacionales, según lo indicado en los artículos 144 y 145 de la Constitución salvadoreña. «Estas acciones claramente violan el Artículo 146 de nuestra Constitución, que asegura que los tratados no pueden ser adoptados o ratificados de una manera que comprometa los derechos y garantías fundamentales de la persona humana», concluyó la declaración.
Cabe mencionar que un primer grupo de 238 venezolanos fue deportado de Estados Unidos, alegando que eran parte de una organización criminal, y llegaron a El Salvador el 15 de marzo, siendo inmediatamente trasladados al Cecot, que es un centro de detención de alta seguridad. Esta medida ha sido condenada por el gobierno venezolano, que ha calificado la acción de «secuestro» y ha afirmado que tomará medidas a través de organizaciones internacionales para garantizar la repatriación de estos prisioneros. (Sputnik).
