San Salvador, 6 de mayo (Latin Press) El Gobierno de El Salvador ha rechazado categóricamente cualquier insinuación de que haya existido algún tipo de acuerdo o negociación con las pandillas durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Este contundente desmentido se produce en un contexto donde la seguridad y el enfrentamiento a la violencia son temas críticos en la agenda nacional.
El vicepresidente Félix Ulloa, en una entrevista realizada con la prestigiosa revista francesa Le Grand Continent, dejó clara la postura de la administración actual, afirmando que «este gobierno nunca ha negociado con Las Maras». En sus declaraciones, Ulloa mencionó que actualmente las autoridades han capturado a muchos de los líderes de estas agrupaciones delictivas y que se encuentran detrás de las rejas. Esto es una parte fundamental del esfuerzo del gobierno para desmantelar el crimen organizado en el país.
Sin embargo, en un giro en sus declaraciones, Ulloa aceptó que podrían existir algunos miembros de pandillas involucrados en conversaciones con dirigentes de los vendedores ambulantes. Esta afirmación ha generado dudas y críticas, ya que permite presuponer que se pueden estar llevando a cabo negociaciones paralelas que no tienen el respaldo directo del gobierno, provocando confusión sobre la verdadera naturaleza de las interacciones entre las autoridades y los grupos criminales.
El vicepresidente aclaró que en ninguna circunstancia se ha tratado de negociar políticas estatales con las pandillas. Además, se mostró en desacuerdo con un artículo publicado por El Faro, donde un líder de la pandilla Barrio 18 alegaba que había un acuerdo que había incluido una suma de $250,000. Este tipo de afirmaciones, según Ulloa, solo alimentan la desinformación y perpetúan narrativas erróneas sobre la situación de seguridad en El Salvador.
Además, se realizó una crítica en el periódico Colatino acerca de la situación planteada en la entrevista con El Faro. El medio afirmó que la verdadera moneda de transacción entre el gobierno y las pandillas no es la paz, como se promulga, sino el silencio. Esto implica que las verdades ocultas sobre las negociaciones podrían ser mucho más complejas y problemáticas de lo que el gobierno desea admitir.
Durante los primeros dos años de la administración de Bukele, cuando se proclamaba a El Salvador como «el país más seguro de Estados Unidos», ha habido un aumento alarmante en el número de cementerios clandestinos, con informes que documentan la desaparición de más de cinco mil personas y el asesinato de cerca de tres mil individuos solo en ese periodo. Las organizaciones de derechos humanos han alertado que para finales de 2024, la cifra de desaparecidos podría sobrepasar los ocho mil, lo que plantea un desafío significativo para el gobierno actual y sus políticas de seguridad.
