WASHINGTON, 8 de abril (Xinhua) – En una reciente decisión judicial, el Tribunal Superior de los Estados Unidos ha autorizado al Gobierno del expresidente Donald Trump a continuar aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798, con el argumento de que puede vincular a ciertos migrantes venezolanos con bandas criminales. Esta controversia se origina en un intento de la administración Trump de deportar a estas personas a una prisión en El Salvador.
Este fallo del Tribunal Supremo llegó tras un rechazo de la decisión previamente emitida por el Tribunal del Distrito de Servicio de Columbia, la cual había bloqueado temporalmente las deportaciones. En su resolución, el tribunal de distrito había impuesto una suspensión sobre los desalojos hasta que pudiera revisar la solicitud de los demandantes para una orden judicial preliminar, programada para la siguiente audiencia el martes. Sin embargo, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que se pronunciara antes de que tuviera lugar esa audiencia.
El impacto de esta decisión es significativo, ya que los alegatos presentados por la administración indican que los inmigrantes detenidos fueron arrestados en el estado de Texas, donde se argumenta que existe un número limitado de instalaciones adecuadas para su detención. Como resultado, los jueces del Tribunal Supremo comentaron que la competencia era inapropiada en el distrito de Columbia, donde se habían planteado las demandas.
Durante el mes de marzo, la administración Trump realizó arrestos de numerosos inmigrantes venezolanos en territorio estadounidense, con el respaldo de la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley se había utilizado previamente en raras ocasiones, solo tres veces, específicamente durante la Guerra de 1812 entre Estados Unidos y el Reino Unido, así como en ambas Guerras Mundiales del siglo XX.
El gobierno de Trump fundamenta sus acciones en la alegación de que los migrantes venezolanos están vinculados a la denominada banda criminal de Aragua, permitiendo así sus deportaciones bajo el amparo de esta controvertida ley. Sin embargo, el ministro de Asuntos del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha desmentido estas acusaciones, citando un artículo del New York Times que no encontró evidencia que ligara a los migrantes venezolanos con actividades de esta banda. Cabello también refirió que la banda Aragua, supuestamente activa en la región, ya había sido desarticulada por las autoridades venezolanas.
Asimismo, los abogados que representan a algunos de los afectados por esta orden de deportación han argumentado que sus clientes fueron expulsados del país sin el debido proceso legal, lo que podría resultar en serias implicaciones sobre la legalidad de estas acciones gubernamentales y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en Estados Unidos. La situación continúa siendo un campo de batalla legal, donde se plantean cuestiones complejas sobre inmigración y derechos civiles en un clima político tenso.
