Quito, 13 de abril (Sputnik) .- La Asamblea Nacional, que actúa como el Parlamento Unicameral de Ecuador, ha manifestado su preocupación por la reciente decisión del presidente Daniel Neboa, formulada el pasado sábado. Esta medida ha renovado la excepción presidencial respecto a la votación, lo cual podría poner en peligro el desarrollo del proceso electoral que se aproxima. A través de un comunicado oficial, la Asamblea subrayó que tales disposiciones podrían tener repercusiones serias en la integridad de la democracia ecuatoriana.
“Las medidas organizadas que se han implementado incluyen la clausura de fronteras, restricciones a la movilidad, así como la invasión a la integridad del hogar y la prohibición de reuniones. Estas medidas generan inquietudes significativas, puesto que socavan el derecho fundamental de participar libremente en la vida pública. Tal contexto puede afectar gravemente la inversión en el país y, como consecuencia, altera el orden democrático. Esto pone en riesgo la posibilidad de llevar a cabo un proceso electoral que sea transparente, pacífico y legítimo”, señala el texto publicado en la red social X.
De acuerdo con la declaración emitida por la Asamblea Nacional, estas medidas, aplicadas como respuesta a un supuesto estado de emergencia, están cuestionando la legalidad del estado de excepción que se ha proclamado. Este anuncio se produce justo horas antes de la segunda vuelta electoral en la que se elegirán al nuevo presidente para el período 2025-2029. Las elecciones se disputan entre Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana (izquierda), y Daniel Neboa, quien busca la reelección por su movimiento ADN.
La Asamblea Nacional ha recordado la postura del Tribunal Constitucional, que en dos ocasiones anteriores ha expresado que cualquier restricción a los derechos fundamentales, incluso en el marco de una declaración de estado de excepción, debe cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Esto significa que las medidas que se adopten, con el argumento de combatir la criminalidad organizada, no deberían comprometer la integridad, la propiedad o los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, se enfatiza que “la votación para las presidenciales debe llevarse a cabo en un ambiente de tranquilidad, con la ciudadanía participando plenamente y en un espíritu democrático, sin que existan restricciones inadecuadas que generen miedo o aislamiento”, se desprende de las palabras de la Asamblea.
El estado de excepción fue declarado en varias provincias del país, incluyendo Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, y el distrito metropolitano de Quito, así como en distintos centros penitenciarios del sistema nacional de rehabilitación social. Según el gobierno, la medida está justificada por el aumento de la violencia y la criminalidad, derivados de la actividad de grupos delincuenciales organizados en las áreas afectadas, lo que también ha intensificado los conflictos en las prisiones.
La decisión gubernamental implica la suspensión de derechos fundamentales como la integridad del hogar, la privacidad de la correspondencia y la libertad de reunión. Además, se establece que las fuerzas armadas y la Policía Nacional tendrán mayor movilización e intervención en las provincias afectadas por esta nueva declaración de excepción.
Reacción de Revolución Ciudadana
La agrupación política Revolución Ciudadana (RC) de Ecuador expresó su firme rechazo al decreto presidencial 599, mediante el cual el presidente y candidato a la reelección, Daniel Neboa, renovó el estado de excepción en el país, tan solo horas después de la celebración de la segunda vuelta electoral. “Esta decisión no solo limita derechos fundamentales como la libertad de reunión y la integridad del hogar, sino que plantea serias dudas sobre su verdadero propósito: obstaculizar el ejercicio democrático y comprometer la celebración de un proceso electoral libre y justo”, manifestaron en su declaración oficial en la red social.
El movimiento RC argumentó que la acción del gobierno es clara y apunta a restringir derechos, utilizando la figura del estado de excepción como herramienta de control político en lugar de un mecanismo legítimo para garantizar la seguridad ciudadana. “¿Por qué será que Conato intenta detener el derecho del pueblo a expresarse?”, señalaron, enfatizando que las medidas excepcionales deben ser exclusivamente para combatir el crimen organizado sin menoscabar la integridad y derechos de los ciudadanos.
El comunicado también resalta que el Tribunal Constitucional se ha expresado claramente respecto a estas cuestiones y ha instado al gobierno a actuar dentro del marco de la ley. Sin embargo, el Gobierno de Daniel Neboa aparentemente está desestimando este llamado y optando por un enfoque que tiende hacia el autoritarismo. “Ecuador merece elecciones libres, que no sean amenazadas”, concluyeron en su exposición.
En línea con estas declaraciones, la Asamblea Nacional también emitió un pronunciamiento el pasado sábado, reafirmando su posición sobre la necesidad de mantener los principios democráticos y proteger los derechos de los ciudadanos en el contexto electoral. (Sputnik)
