LIMA, 5 de mayo (Xinhua) – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha implementado un estado de emergencia en la provincia de Pataz, ubicada en la región norte de La Libertad. Esta decisión viene como respuesta al atroz asesinato de trece trabajadores que prestaban servicios a una compañía minera local. La población ha estado conmocionada por este acto violento, que ha elevado preocupaciones sobre la seguridad en la zona.
Durante una transmisión en vivo desde el Palacio del Gobierno en Lima, Boluarte expresó: «Después de la reunión de Pataz, hemos decidido declarar un toque de queda a partir de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana en todo el distrito». Esta medida busca controlar la situación de seguridad en un contexto donde los crímenes violentos han ido en aumento.
Además, la presidenta informó que se está considerando la instalación de una base militar en la ciudad de Pataz. Esta base tendría como objetivo el «control» de las fuerzas armadas que operan en la zona, especialmente aquellas vinculadas a la minería. Es parte de una estrategia más amplia para reestablecer la seguridad y el orden en una región que ha sido objeto de tensiones y conflictos frecuentes.
Otro aspecto destacado por Boluarte fue la solicitud de poderes legislativos al Congreso, con el fin de legislar sobre el tema del terrorismo urbano, un fenómeno que se ha intensificado recientemente. «Es esencial desarrollar un marco legal que nos permita clasificar estos actos como terrorismo urbano», dijo la presidenta, subrayando la necesidad de dar respuesta eficaz a las amenazas actuales.
La mandataria enfatizó que la autorización que se busca en el Parlamento permitirá a las fuerzas de seguridad actuar de manera más efectiva frente a la criminalidad, que incluye un aumento de casos de extorsión que se han registrado en Lima. «Esta semana, presentaremos esta solicitud ante el Congreso», afirmó, asegurando que la protección de la vida de los ciudadanos es una prioridad innegociable.
Boluarte también alertó sobre la situación de las actividades mineras en Pataz, que serán suspendidas durante un periodo de 30 días para facilitar la presencia de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional en la región. Este tiempo es crucial para garantizar la seguridad de los trabajadores y la comunidad en general.
En su llamado a la acción, Boluarte recordó que «las fuerzas de seguridad deben estar en las calles para garantizar la tranquilidad y la paz», destacando la importancia de que el gobierno responda adecuadamente a estos desafíos. El clamor por justicia resuena fuertemente en la provincia de Pataz, donde la comunidad ha sido profundamente afectada por la ola de violencia reciente. Al menos trece trabajadores fueron encontrados sin vida tras ser secuestrados por bandas mineras ilegales, creando un sentimiento de urgencia en torno a la necesidad de iniciativas efectivas para restaurar la paz en la región.
