Bogotá, 7 de mayo (Sputnik) .- El pasado miércoles, la denominada jurisdicción especial por la paz (JEP) tomó una decisión histórica al condenar a cinco ex comandantes del bloque del Caribe (BCAR) de la extinta guerrilla FARC-EP por su vinculación directa en 827 secuestros, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La sala de reconocimiento de la verdad de la JEP relató que se ha determinado la responsabilidad de estos ex guerrilleros en una serie de atrocidades cometidas en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar así como en la ciudad de Barranquilla, en el norte del país. Esta condena se enmarca en el «Caso 01», una investigación que busca esclarecer las responsabilidades penales por los crímenes ejecutados por la antigua guerrilla.
Los acusados son Abelardo Colorado, conocido como «Solís Almeida», Osmany Landero, que utilizó el alias de «Hernando González», Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como «Aldemar Altamiranda», Luis Cuadras Solórzano, apodado «Leonardo Guerra», y Uriedo, cuyo nombre verdadero es «Manuel Ortiz». Todos ellos enfrentan graves cargos que incluyen secuestros, homicidios, torturas, maltratos, violencia sexual, desapariciones y desplazamientos forzados.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, presidenta de la sala, indicó que se ha concluido que los líderes de este grupo tenían la capacidad para ordenar, decidir y controlar, desempeñando un papel crucial en la implementación de la política del secuestro que les fue ordenada por la comandancia de las guerrillas. Según ella, los crímenes en cuestión son tan graves que no pueden ser perdonados ni estar sujetos a la amnesia judicial.
La sala identificó tres patrones fundamentales que guiaron las actividades de secuestro: la necesidad de financiar las operaciones de la organización, el control territorial y social en diversas áreas, y las negociaciones de intercambio de prisioneros. Entre 1982 y 2016, el BCAR operó en zonas críticas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana, estableciendo al menos 49 puntos de control ilegal.
La mayoría de las víctimas secuestradas no contaban con la capacidad económica para pagar rescates, y muchos fueron liberados solo después de que los secuestradores lograran extorsionar entre uno y cinco millones de pesos. El bloque del Caribe se volvió notoriamente conocido por su modus operandi, siendo uno de los más activos en la ejecución de secuestros extorsivos. El gremio ganadero fue particularmente blanco de sus acciones, sufriendo acusaciones de connivencia con paramilitares si se negaban a pagar.
Entre las víctimas notables se incluyen personalidades como la ex ministra de Cultura, Consuelo «La Cacica» Araújo, quien fue asesinada tras ser secuestrada en 2001, y el ex canciller Fernando Araújo Perdomo, quien pasó seis años en cautiverio antes de lograr escapar en 2006. Este caso evidencia cómo el grupo guerrillero utilizó el secuestro no solo como un método de financiamiento, sino también como herramienta de presión política y castigo social, reflejando la sombría realidad de los conflictos armados en la región. (Sputnik)
