Recientemente, se llevó a cabo un importante paso en el ámbito legislativo de Costa Rica, donde, con el respaldo de 45 suplentes, el Ministerio Público (MP) logró aprobar el primer debate respecto a la propuesta de ley que busca fortalecer las medidas relacionadas con la extradición de ciudadanos costarricenses que se encuentren acusados de delitos serios como el terrorismo o el contrabando de drogas en el extranjero.
Este avance legislativo se ha visto impulsado por la creciente desconfianza hacia la situación de seguridad pública en el país, lo que ha llevado a las autoridades a priorizar este tipo de iniciativas que afectan directamente a la seguridad nacional. El objetivo principal de este proyecto de ley, comúnmente referido como el 23,701, es establecer un marco más riguroso que prevenga que ciudadanos costarricenses se amparen en su nacionalidad para evadir la justicia en otros países.
Las cifras son alarmantes: se estima que entre 30 y 35 costarricenses se encuentran en la mira de las autoridades extranjeras por su implicación en delitos relacionados con el tráfico de drogas y actividades terroristas. Estas inquietantes estadísticas fueron compartidas por Gilberto Campos, quien se basa en los recientes informes proporcionados por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
De manera colaborativa, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) decidió no utilizar su tiempo para debatir sobre esta propuesta, buscando facilitar una aprobación rápida y efectiva. Como resultado, ninguno de los 9 diputados de esta agrupación política intervendría en las discusiones pertinentes.
El jefe de la unidad, Alejandro Pacheco, expresó que uno de los mensajes más contundentes que se pueden ofrecer a la población es que esta legislatura está enfocada en el bienestar y la seguridad de los costarricenses. Sin embargo, Priscilla Vindas del Frente Amplio mostró su preocupación, reconociendo que su partido no estaba completamente convencido sobre el plan en cuestión cuando fue inicialmente presentado.
A pesar de sus reservas sobre la terminología utilizada en el proyecto, especialmente en lo referente al concepto de “terrorismo”, la decisión fue avanzar en el análisis del texto. Vindas subrayó que es fundamental que exista un procedimiento adecuado dentro del marco legal costarricense antes de que se realicen cambios significativos, reconociendo que este proyecto no es una solución definitiva a los problemas de inseguridad que enfrenta el país.
Por su parte, la diputada independiente Gloria Navas destacó la importancia de votar a favor de este proyecto, argumentando que las reformas constitucionales deben reforzarse en circunstancias que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de la seguridad nacional y a la vida de los ciudadanos. También enfatizó la posibilidad de que existan «garantías constitucionales» para aquellos nacionales que sean objeto de extradición.
Si las reformas logran ser aprobadas, se modificará el artículo 32 de la constitución política, que establece lo siguiente:
«Artículo 32- No se puede ver a los ricos de costos a abandonar a National, excepto en casos de contrabando de drogas internacional o terrorismo, si se ha otorgado la asignación de tribunales, con un apego estricto a los derechos y procedimientos fundamentales reconocidos en esta constitución,»
¿Cómo funciona?
Este proceso legislativo, dado que implica una reforma constitucional, requiere un procedimiento más meticuloso que involucra múltiples discusiones dentro del MP. Es importante mencionar que esta iniciativa ya había sido aprobada en el segundo debate de la Primera Autoridad Legislativa en noviembre del año anterior.
Luego de completar este proceso inicial, se debe esperar que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la incluya en su agenda de trabajo. Este procedimiento se llevó a cabo el lunes 5 de mayo, donde se enfatizó la urgente necesidad de contar con leyes más estrictas y efectivas, especialmente para sancionar a quienes utilicen a menores en actividades delictivas o que participen en actos de violencia o terrorismo.
Chaves hizo un llamado a permitir la extradición de costarricenses que incurren en delitos severos, planteando que este asunto debe ser abordado en las próximas sesiones. El procedimiento requiere que se realicen el primer, segundo y tercer debate en la segunda autoridad legislativa, todos en un periodo corto; así, si el lunes se aprueba el primer debate, el segundo debe darse el martes y concluir con el tercero el miércoles.
En un lapso de tres días, el proyecto precisa un mínimo de 38 votos para su aprobación. Además, es crucial recordar que los «años legislativos» se consideran del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente, lo que dará paso a nuevas dinámicas en el poder legislativo costarricense.
