San Salvador, ABR (Latin Press) — En el contexto de El Salvador, un nuevo informe ha expuesto serias preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder que prevalecen en el país. La situación crítica que enfrenta la población es alarmante y destaca la falta de respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Gabriela Santos, quien es la directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), enfatizó esta realidad durante una reciente aparición en un programa de televisión de Telecorporación Salvadoreña (TCS). Su testimonio es contundente: “No podemos hablar de respeto por los derechos humanos cuando hay un claro abuso de poder.” Estas palabras reflejan el sentir generalizado entre diversos sectores de la sociedad salvadoreña que ven cada vez más difícil ejercer sus derechos.
El informe anual 2024, titulado «Una mirada a la situación de los derechos humanos en El Salvador», examina esta problemática desde múltiples ángulos. Se centra en cuestiones críticas como la violación del derecho a la vida, la restricción de la movilidad, el uso del abuso de poder, y los trágicos casos de muertes de personas arrestadas sin justificación adecuada. Según el documento presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, otros problemas como las agresiones sexuales contra menores y las detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción también fueron abordados, dejando en evidencia la gravedad de la situación.
A pesar de que Santos reconoce una disminución en el número de homicidios en el país centroamericano, advirtió que esto no debe llevar a la complacencia. “El estado no debe convertirse en uno de los principales agresores de los derechos humanos,” argumentó. Advirtió que el creciente control estatal sobre la seguridad pública no justifica la violación de derechos fundamentales.
Los datos del informe revelan que durante 2024 se registraron un total de 243 muertes violentas, que incluyen 114 homicidios intencionales, según reportes de la Fiscalía General de La República (FGR). Este es un hallazgo notable, dado que la tasa de asesinatos ha ido disminuyendo por cuarto año consecutivo, bajando de 1,341 en 2020 a 22 por cada 100,000 habitantes.
En este marco, Santos puso en tela de juicio las afirmaciones del gobierno sobre la mejora de las condiciones de seguridad. Según ella, si realmente los homicidios han disminuido, entonces el régimen excepcional debería ser revisado, ya que no existiría una razón válida para su continuación. Esta estado de excepción ha sido cuestionado por muchos, considerando que casi 85,000 personas están detenidas, muchas de ellas sin haber sido condenadas, lo que plantea serias violaciones de derechos humanos.
Roberto López, director del Observatorio de Derechos Humanos, también subrayó que el sistema de justicia necesita urgentemente una profunda revisión y mejoras. “La mayoría de las condenas están basadas en información insuficiente,” indicó, señalando que esto podría llevar a condenas injustas. Además, destacó que el derecho a la vida continúa siendo uno de los derechos más violados en el país, particularmente por las prácticas de arrestos arbitrarios, tortura, enfermedades dentro del sistema penitenciario, y la negación del acceso a un juicio justo.
