San Salvador, 8 de mayo (Latin Press) Un informe reciente de la organización Chrysal revela que el 90 por ciento de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador no contaba con antecedentes penales. Este hallazgo ha generado preocupación y una mayor investigación sobre las circunstancias que llevaron a estos individuos a emigrar a Estados Unidos.
Chrysal, una organización no gubernamental sin fines de lucro que se dedica a la defensa de los derechos humanos en América Central, especialmente en las áreas de violencia y migración, ha llevado a cabo un estudio exhaustivo que arroja luz sobre las razones detrás de esta emigración. La investigación ha revelado que la mayoría de los deportados no estaban involucrados en actividades delictivas, desafiando la narrativa que a menudo se presenta sobre ellos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, solo un 9 por ciento de los venezolanos deportados a El Salvador alegaron haber huido de persecuciones políticas, según entrevistas realizadas a familiares de deportados que se encuentran en el Centro para el Encarcelamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Este porcentaje pone de manifiesto que, para la gran mayoría, las razones para emigrar son más complejas y están arraigadas en factores económicos y sociales.
La organización ha recogido información de al menos 147 casos de personas que han sido deportadas desde el 15 de marzo, coincidiendo con un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. Este acuerdo considera a los deportados por la administración Trump como criminales, lo que ha generado un estigmatizado innecesario para muchos de ellos.
Desde Washington, los deportados son acusados sin pruebas concluyentes de estar afiliados o relacionados con la organización criminal Tren de Aragua, la cual ha sido calificada como terrorista por la Casa Blanca. Esta acusación plantea interrogantes sobre cómo se definen y tratan a los inmigrantes en el campo legal y social.
Además, el 78 por ciento de los consultados indicó que su migración hacia el norte fue motivada por factores económicos, mientras que un 35 por ciento mencionó la violencia social como un catalizador significativo para su decisión. La información proporciona un contexto crítico para entender la complejidad del fenómeno migratorio en la región.
Chrysal también ha encontrado que el 77 por ciento de los entrevistados contaba con empleo previo a su deportación, y un 41 por ciento tenía algún tipo de protección de inmigración en los Estados Unidos, lo que contrasta con la imagen de indocumentados que a menudo se presenta. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor discusión sobre las políticas migratorias y los derechos de los inmigrantes en el continente.
